17/07/2014 | 19:05
Los partidos de la oposición, sobre todo ICV-EUiA y la CUP, habían pedido durante meses este informe a la Generalidad. Sin embargo, la Consejería de Presidencia, el 30 de junio pasado y en una respuesta a una petición de la diputada ecosocialista Sara Vilà, aseguró por escrito que “a día de hoy el Gobierno no dispone de ningún informe del CADS sobre la viabilidad económica del canal Segarra-Garrigues “. Según la oposición, el Gobierno “estaría escondiendo” el informe por las propuestas y críticas que contiene. Fuentes cercanas al grupo de expertos afirman que el texto estaría ya listo pero aún no se ha publicado.
El informe pone en cuestión la viabilidad económica del proyecto tal como está concebido y propone una serie de alternativas económicas y sociales. El texto incluso pide “una auditoría económico” para evaluar los sobrecostes de la obra. ICV presentó en mayo pasado una resolución, con el apoyo del PSC y de la CUP, para que se presentara ante los grupos del Parlamento “el informe sobre la viabilidad económica que se encargó” el verano de 2013 CiU se quedó sola rechazando la propuesta, ya que ERC y el PP se abstuvieron. Entidades como Unió de Pagesos, CCOO, UGT y Somos lo que Sembramos impulsan una plataforma para reclamar transparencia en la gestión de las obras del canal.
La segunda infraestructura más cara
Actualmente el canal Segarra-Garrigues es la segunda infraestructura más cara de Cataluña -sólo por detrás de la línea 9 del metro- y, según un informe interno publicado por El País en 2013, podría llegar a sumar un sobrecoste de 857 millones. Esto implicaría que la obra acabaría siendo un 81% más cara de lo presupuestado: los 1.078 millones de euros que debía costar habría pasado a los 1.928 millones. Infraestructures.cat, la empresa de la Generalitat que gestiona las obras públicas, siempre ha negado los posibles sobrecostes. Sí admite que el calendario de construcción irá ahora más lento y que la red de regadíos no estará terminada hasta 2022.
Además, se da el hecho de que el actual presidente de Aguas del Segarra-Garrigues (AGS), la empresa privada a la que la Generalitat adjudicó la construcción del canal en 2002, es Josep Grau. Grau fue el consejero de Agricultura que adjudicó la obra en su momento. AGS es una unión temporal de empresas formada por la constructora FCC (24% del capital social), Agbar (22%) y las constructoras Copcisa (21%) y Copisa (20%). El proyecto pretende convertir un área de secano del tamaño de Menorca en un territorio regado por agua abundante, a través de una gran autopista hidráulica y más de 3.500 kilómetros de tuberías.
Vuelve el trasvase?
La propuesta más polémica que incluye el informe del CADS es “profundizar” en el “potencial” que puede tener el agua del Segre a través del canal “para garantizar el abastecimiento de agua para Cataluña ante escenarios futuros de sequía “. Considera, sin embargo, que el trasvase sería “para un uso puntual, en condiciones de excepcionalidad y reversible” y reconoce que “requeriría una autorización del Estado” porque conllevaría una transferencia de aguas desde una cuenca -la de del Ebro- “compartida por varias comunidades autónomas”. La venta de esta agua para el consumo del área metropolitana de Barcelona permitiría compensar la baja incorporación de regantes en el canal.
También proponen un proyecto de abastecimiento de agua de boca desde el canal Segarra-Garrigues, que podría llevar a cabo la empresa Gestión de Aguas de la Segarra, para abastecer con agua de boca las comarcas de Ponent “con costes de explotación más bajos “.
Falta de regantes
Los expertos admiten en este informe aún no publicado que el éxito del Segarra-Garrigues está ahora mismo en cuestión y, por ello, proponen proyectos alternativos no agrarios para poder explotar. El informe muestra una gran preocupación porque “el ritmo de incorporación de regantes y de superficie de regadío ha sido, sin lugar a dudas, más lento de lo esperado en las previsiones” y “los regantes potenciales, en buena parte explotaciones pequeñas o familiares, ven incierta la recuperación de la inversión que supone conectarse al CSG “por el coste de la inversión, el envejecimiento de la población activa agraria y, además, por” la desconfianza generada durante el proceso de desarrollo de la misma infraestructura “. Los expertos del Gobierno también se quejan de que “la estructura del precio del agua de riego hace que el precio unitario sea más caro para las explotaciones con menos dotación”.
Los expertos dejan claro en el borrador que “es posible que los cálculos sean demasiado optimistas y que pocos regantes potenciales, especialmente entre las pequeñas explotaciones, aporten la parte que les corresponde de la inversión”. El informe afirma, después de miles de millones de euros en inversión vertidos por el Estado y por la Generalitat, que “el hecho de que algunos cultivos de secano tengan un elevado valor añadido, especialmente si están vinculados a una Denominación de Origen , hacen que no compense la transformación en regadío “.
Problemas de financiación
Lo cierto es que, si la empresa Aguas Segarra-Garrigues, que tiene la concesión para vender el agua a los regantes, fracasara en sus objetivos, podría tener dificultades para devolver los créditos. El problema para las arcas públicas es que, según se detalla en el informe, la Generalitat avaló un préstamo sindicado de la UTE con diversas entidades financieras por un importe de 942 millones de euros con vencimiento en 2023. Si al final la empresa liderada por FCC, Agbar y Copcisa no puede pagar, le tocaría a la Generalitat hacer frente.
