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CaixaBank y Banc Sabadell financian al gran fabricante de bombas español

Los dos grandes bancos catalanes han concedido créditos millonarios a Maxam, una multinacional que tiene como clientes a las fuerzas armadas de Turquía, de Israel o de Arabia Saudí

05/09/2019 | 19:00

Los dos principales bancos catalanes, La Caixa y el Banc Sabadell, conceden créditos millonarios a la industria militar. Las entidades que presiden Jordi Gual y Josep Oliu, respectivamente, han financiado desde el año 2013 con 200 millones de euros a un total de 14 empresas del sector de la defensa, tanto españolas como internacionales. La Caixa ha destinado 105 millones y el Sabadell 95, según los datos que facilita el informe ‘Banca armada‘, que elabora periódicamente el Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

La principal empresa militar receptora de créditos de la banca catalana es Maxam, una gran transnacional española con una facturación de más de 1.000 millones de euros especializada en la elaboración de bombas y explosivos. Con todo, la apuesta por el sector de la defensa de La Caixa y del Banc Sabadell está muy lejos de la que hacen el BBVA y el Banco Santander, que en el mismo periodo han destinado un total de más de 5.000 millones, según denuncia el informe. La rentabilidad económica es el criterio principal para apostar por un sector alejado radicalmente de las finanzas éticas, que sólo apuestan por aquellos proyectos que tienen un impacto positivo en la sociedad.

Según el informe del Centre Delàs, entre 2013 y 2018 la “banca armada” española aportó 8.622 millones de euros a un total de 31 empresas militares o que dedican una parte de su actividad a este sector. En total, aportaron recursos 39 entidades, si bien alrededor del 60% se concentra únicamente en dos bancos: el BBVA y el Santander. Siempre según los datos del estudio, suman 5.198 millones (2.673 el BBVA y 2.525 el Santander), por delante de la empresa pública SEPI (2.147 millones) y una empresa como Acciona (481 millones).

Aviones de combate, explosivos, municiones, armas ligeras, submarinos militares, misiles, sistemas de tiro y guerra electrónica, tanques y blindados, helicópteros, drones y barcos de guerra… Según la última edición del informe impulsado por el Centre Delàs, las grandes entidades bancarias de España “pueden estar financiando” todos estos productos militares. El documento concluye que la “banca armada española, y en consecuencia sus clientes, contribuyen de manera determinante al armamentismo y a la militarización mundiales, haciendo que la opción del uso de la fuerza de las armas y su más terrible expresión, la guerra, sean más probables”.

Maxam, la gran multinacional española de explosivos

La Caixa y el Sabadell han financiado desde 2013 a empresas del sector militar con cantidades similares: 105 y 95 millones de euros, respectivamente. Ahora bien, el tipo de inversión difiere bastante. CaixaBank, por ejemplo, sólo ha dado créditos a Maxam (el estudio ‘Banca armada’ los cifra en 92,2 millones entre 2014 y 2016), si bien también ha aportado recursos a través de otras vías a compañías internacionales como ThyssenKrupp, Leonardo o Rheinmetall. En cambio, el banco fundado en la ciudad vallesana también ha dado préstamos a Maxam (unos 30 millones entre 2014 y 2016); pero, además, dio créditos por más de 30 millones a la estadounidense Orbital ATK y por más de 23 millones a AECOM. También ha aportado recursos a Indra y en United Technologies Corp.

La española Maxam es una gran transnacional en el sector de los explosivos, tanto en el ámbito civil como militar. La empresa, heredera de la histórica Unión Española de Explosivos, fabricó minas antipersonas y bombas de fragmentación hasta que la ley las prohibió. Produce todo tipo de municiones, además de bombas diversas. Entre sus clientes, además del Ejército español, están las fuerzas armadas de Turquía y de Israel y, según han denunciado algunas ONGs, también de Arabia Saudí y de los Emiratos Árabes. Recibe financiación de los principales bancos del Estado, ya que, además de CaixaBank y del Sabadell, también le abren el grifo el BBVA, el Santander o Bankia, además del público Instituto de Crédito Oficial (ICO). El 55% de la empresa está en manos de un grupo de sus directivos, mientras que desde el año pasado el 45% restante lo posee el fondo de inversión Rhône, que lo adquirió en Advent, otro fondo, señal de que las expectativas de negocio son elevadas.

CaixaBank: “Estamos comprometidos con los derechos humanos”

CRÍTIC se ha puesto en contacto con La Caixa y el Banc Sabadell para obtener su versión sobre el informe ‘Banca armada’. En respuesta a un cuestionario, el departamento de prensa de CaixaBank asegura que la entidad “no participa en el capital de empresas fabricantes de material de defensa” y “tampoco mantiene ningún tipo de relación comercial con empresas relacionadas con armamento controvertido, como minas antipersona, bombas de fragmentación, armas biológicas y armas químicas “o con “empresas que venden armamento a países o grupos sujetos a embargos de armas o con conflictos armados”.

CaixaBank se proclama “fuertemente comprometido con el respeto a los derechos humanos” y añade que “no financia operaciones vinculadas a defensa si se trata de comercio de material de defensa con intermediarios”, es decir, que, “sólo trabajamos con usuarios finales del sector público o empresas de seguridad privada“. Según la entidad, tampoco cuando “se trata de operaciones relacionadas con el comercio armamentístico en países con alto riesgo de vulneración de los derechos humanos”. CaixaBank añade que tiene una “política interna de actuación en materia de defensa” que, sin detallar en qué consiste, “determina los servicios financieros que podemos ofrecer al sector” y se “verifica el cumplimiento en todas las nuevas operaciones”. Si se incumple, “la operación se deniega”.

Créditos catalanes al sector militar norteamericano

En el ranking catalán de la “banca armada’, la segunda empresa con más crédito es la norteamericana Orbital ATK, actualmente llamada Northrop Grumman, gracias a cuatro préstamos recibidos del Banc Sabadell en 2013, que ascendían a casi 32,5 millones. La compañía diseña, construye y provee servicios vinculados con el sector de la defensa aeroespacial. Además, su tecnología contribuye a la creación de misiles, sistemas de defensa electrónicos para aviones de combate y también a la elaboración de armamento de precisión tales como torres de defensa láser. Entre sus clientes está el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, pero también Arabia Saudí.

El Sabadell también financió Aecom con casi 24 millones a través de dos créditos en 2016. Con una facturación global que supera los 20.000 millones de dólares anuales, Aecom se dedica, entre otras cuestiones, al mantenimiento de vehículos militares y también participa en la construcción de diferentes modelos de submarinos de guerra. Ha colaborado con más de 20 agencias del Gobierno de EEUU y ha realizado tareas de apoyo en zonas de conflicto armado, como en Afganistán.

A preguntas de este medio, fuentes del área de comunicación del Banc Sabadell comentan que la entidad “tiene un código interno que restringe la financiación de las empresas que se dedican a la fabricación de armamento“. El documento establece que “no invierte ni financia a empresas vinculadas al desarrollo, la fabricación, la distribución, el almacenamiento, la transferencia o la comercialización de armas controvertidas, según estas quedan determinadas en las diferentes convenciones vigentes de las Naciones Unidas”. La restricción también afecta a las armas convencionales “cuando exista el riesgo razonable de que estas armas serán utilizadas para cometer crímenes de derecho internacional o violaciones graves de los derechos humanos, como se establece en el Tratado sobre el comercio de armas de las Naciones Unidas aprobado en 2013”. Finalmente, también “se hace extensiva a los países sujetos a embargo de armas por parte de los organismos internacionales”, como el Consejo de Seguridad de la ONU, la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE) y la Unión Europea .

Opacidad y falta de transparencia de la “banca armada”

Entre las 31 empresas conectadas con el sector de la defensa que financia la “banca armada”, encontramos no solamente a empresas españolas como Indra, Maxam, Sener o Oesia, sino también a grandes grupos transnacionales como Airbus -donde participa la pública SEPI-, Boeing, Thales, Honeywell International, General Dynamics o Leonardo, entre otras. En algunos casos, la rama militar es la más importante de la compañía, mientras que en otros supone sólo una pequeña parte de la facturación, como puede ser en Indra, donde este ámbito aporta 180 millones de una facturación total que supera los 2.700. La cuestión, sin embargo, es que realmente no se sabe a que se destinan los recursos que aportan las entidades financieras. “Ahora mismo no podemos saber para que se utiliza la financiación, porqué tanto las empresas como las entidades lo ocultan. Lo único que podemos hacer es estimar el porcentaje que cada empresa dedica a cuestiones militares”, explica el investigador en paz y seguridad Jordi Calvo, que también es el autor del informe. El trabajo subraya que “es probable que la banca armada española esté financiando algunas de las armas utilizadas en escenarios de guerra actuales, ya que las empresas que reciben su financiación fabrican y exportan por todo el mundo”.

Sergi Salavert (FETS): “En las entidades tradicionales la opacidad es la norma; en la banca ética manda la transparencia”

Esta “opacidad” que se denuncia desde las ONG’s es, precisamente, uno de los elementos fundamentales que, a su juicio, diferencia la banca tradicional de la banca ética. “Las finanzas éticas sólo financian un tipo de economía que tenga un impacto positivo en la sociedad”, recalca Sergi Salavert, miembro de FETS – Finançament Ètic i Solidari y coordinador del Sello EthSI. “En las entidades tradicionales la opacidad es la norma, mientras que en las finanzas éticas manda la transparencia. Explican qué son, qué hacen con el dinero y de qué manera. Esto la gente lo debería poner en valor, porque se dice dónde se invierte el dinero y siempre son proyectos que tengan un impacto positivo en la sociedad, y esto es relevante”, añade Salavert.

La industria militar no tiene actualmente un peso demasiado importante en Cataluña, si bien según la recopilación del Centre Delàs hay algunas decenas de empresas que se dedican a ello de alguna manera y que tienen presencia catalana, con centros de producción, oficinas o delegaciones. Esto no significa, sin embargo, que la producción en Cataluña se destine al área armamentística. En concreto, las compañías citadas en el informe ‘Banca armada’ que tienen una presencia física en Cataluña son Airbus, en Barcelona; Indra, en Barcelona, Badalona y Lleida; Sener, en Cerdanyola del Vallès; Oesia, en Barcelona, y Thales, en Barcelona.

El BBVA y el Santader financian, entre otras, a empresas de aeronáutica militar como Airbus. Foto: LAURENT ERRERA

El BBVA y el Santander, financiadores “globales” de la industria militar

El grueso de las entidades que aparecen en el informe financian a las empresas españolas, con las notables excepciones del Santander y del BBVA, que lo hacen con compañías de todo el mundo. El BBVA, que tras la adquisición de CatalunyaCaixa es el segundo banco con una mayor cuota de mercado en Cataluña, por detrás de CaixaBank, financia a compañías españolas como Maxam, Indra, la pública Navantia, o Oesia, empresa de ingeniería que, entre otros, fabrica componentes electrónicos de uso militar, como procesadores de comunicación de vehículos usados por la Armada española. Pero también a gigantes globales, como las estadounidenses Aecom, Boeing, General Dynamics, que produce desde vehículos blindados hasta submarinos nucleares, pasando por toda clase de explosivos, Honeywell, involucrada en la fabricación de misiles nucleares y en materiales y tecnología para tanques y aviones y helicópteros de combate, o la italiana Leonardo, especializada en aviones y helicópteros militares.

El Santander también combina empresas españolas, como Navantia, Indra, Maxam o Oesia, con grupos internacionales, como Airbus -aunque tiene participación pública del Gobierno español-, Boeing, Honeywell, Leonardo, la francesa Safran —especializada en sistemas de navegación para el transporte militar y aviones de combate, así como en la construcción de diversos tipos de misiles— o la alemana Thyssenkrupp, que, entre sus muchas áreas de negocio, también se dedica a ofrecer servicios de construcción naval para el sector militar.

En cuanto al resto de financiadores más destacados, Bankia sólo ha dado créditos a compañías españolas (Indra, Maxam, Navantia y Oesia), si bien a través de fondos también ha hecho pequeñas aportaciones a Airbus, Leonardo o Rheinmetall, empresa alemana especializada en sistemas de combate y a proveer al Ejército de su país. La Banca March dio un crédito de casi 620.000 euros a Oesia y el año pasado aportó más de 150 millones en Indra a través de un fondo de inversión, mientras que Acciona —por la misma vía— destinó en 2015 más de 465 millones a la francesa Thales, una de las principales compañías militares del mundo.

Sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Madrid. Foto: ZARATEMAN

El papel del sector público estatal

La financiación pública se concentra en las empresas estatales o con la participación del Gobierno español. Así la SEPI básicamente financia a la pública Navantia, Indra —de la que tiene el 18,71% del capital— y al consorcio europeo Airbus, donde participa con el 4,16%. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) concentra todos sus créditos en Maxam, con más de 58 millones de euros. Con un total de 833 millones entre 2013 y 2018, la compañía -que facturó cerca de 1.000 millones el año pasado- es la tercera que más financiación ha recibido de la banca armada española, sólo por detrás de Airbus Group (casi 2.400 millones) y de Boeing (860), pero por delante de Safran (684 millones), de Aecom (612), de Indra (529) y de Thales (465).

Como en casi cualquier otro sector económico, en el militar el papel de las entidades financieras es imprescindible para que pueda funcionar y, según recalca Jordi Calvo, en este sector “la dependencia es aún más elevada“. A la hora de explicar por qué financian al sector militar, el investigador del Centre Delàs destaca que “la intención de la banca es hacer el máximo negocio de todos los sectores que pueden, como el militar, que es un sector que tiene el apoyo del Estado [al fin y al cabo los principales clientes de las empresas militares son los ejércitos estatales] y está subvencionado y, por lo tanto, casi seguro que les garantizará un retorno “.

Jordi Calvo: “Al Estado le interesa utilizar la exportación de armamento como herramienta de política exterior”

El papel del Estado va más allá de la financiación a través de entidades públicas. Calvo subraya que “al Estado le interesa utilizar la exportación y la venta de armamento como herramienta de relaciones en la política exterior. A través de ella se establecen alianzas y se consiguen inversiones para otros ámbitos y, de paso, se ayuda a las empresas a conseguir el máximo beneficio”. Un ejemplo claro es el papel que tuvo el rey Felipe VI en la venta de cinco fragatas militares por parte de Navantia a Arabia Saudí, por casi 2.000 millones de euros. La operación se cerró definitivamente en otoño de 2018, pero un año antes Felipe VI había liderado un viaje de tres días al régimen saudí en el que la venta de los barcos se puso sobre la mesa, como ocurriría meses más tarde en la visita del príncipe heredero de la petromonarquía, Mohammed bin Salman, a España.

Presentación del 'Baròmetre de les finances ètiques 2017' en Barcelona / FETS

El impacto de la campaña Banca armada

Como consecuencia de campañas de denuncia como Banca armada, hay entidades que “muestran cierta preocupación” y, por ejemplo, Calvo explica que el BBVA “se autoprohibe financiar producciones de armamentos que parece que serán prohibidos en un futuro”. Con todo, sin embargo, añade que la gran preocupación de las entidades es con respecto a la “reputación”, lo que lleva a los departamentos de responsabilidad social corporativa (RSC) “a tomar medidas para intentar aumentar la inversión en un sector que les es rentable, pero sin que ello impacte en la imagen” del banco.

En este sentido, llama la atención que una entidad relativamente vinculada a valores sociales, como Caja Rural, aparezca en el informe, con un crédito de 443.000 euros a Oesia y 1,2 millones aportados a Indra a través de fondos y bonos de inversión. Para Calvo, la razón es que la entidad “no tiene incorporada la cuestión del sector armamentístico en sus criterios de decisión” a la hora de otorgar financiación, “seguramente por no prestarle la atención necesaria”. En este sentido, entidades que han aparecido en informes previos del Centre Delàs, como Caixa d’Enginyers o Laboral Kutxa, han dejado de aportar recursos al sector.

La actuación de las entidades éticas es radicalmente diferente, como comenta Sergi Salavert, de FETS. En este caso, el criterio va mucho más allá de la estricta rentabilidad económica y se prioriza que tenga un impacto positivo en la sociedad. Para garantizarlo, tienen “comisiones [o áreas] de evaluación, que analizan la actividad que desarrolla la entidad o empresa que solicita el crédito a través de una encuesta o cuestionario, para demostrar que realmente lo que hacen tiene un impacto positivo”. Este tipo de control, evidentemente, impide que actividades con impacto negativo, como la industria militar o aquellas que generan una fuerte contaminación ambiental, puedan recibir créditos de las finanzas éticas. Aplicar un mínimo de comportamiento ético y socialmente responsable por parte del grueso de las entidades financieras contribuiría, precisamente, a no facilitar el incremento de militarización del mundo. Pero, de momento, estamos aún lejos de este escenario, a pesar del oasis creciente de las finanzas éticas. Y es que actualmente este tipo de finanzas ya representan el 5% del PIB de la UE, lo que equivale a 715.000 millones de euros.

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