30/04/2021 | 06:00
El Instituto Francés de Seguridad Nuclear hizo pública en el año 2000 la lista de los 60 incidentes nucleares más importantes de la historia del siglo XX. El primero de todos, el accidente de Chernóbil, el 26 de abril de 1986, del que hoy se cumplen 35 años. Pero, entre los cuatro primeros, figura uno mucho más próximo y, en cambio, mucho menos conocido: el accidente del 19 de octubre de 1989 en la central nuclear de Vandellòs I, en la comarca catalana de El Baix Camp.
Los hechos de Vandellòs, solo tres años después de Chernóbil, son la historia de una no-catástrofe. El incendio de una turbina y la posterior inundación hicieron sonar todas las alarmas. Pero los esfuerzos de técnicos y bomberos evitaron la fusión del núcleo. El caso llegó a juicio más de diez años después, pero los directivos y responsables de la central, explotada por el consorcio público-privado Hifrensa, fueron absueltos. Hifrensa era una sociedad participada por las matrices de las empresas que acabarían formando el gran oligopolio eléctrico español: Endesa e Iberdrola.
Los abogados de la acusación y el movimiento ecologista creen que no hubo un juicio justo como consecuencia de las presiones del lobby nuclear. Según consta en la documentación judicial, la compañía no aplicó los requerimientos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre medidas y planes de prevención y evacuación. Treinta y dos años después, CRÍTIC ha tenido acceso al sumario del caso y a información inédita sobre el expediente Vandellòs. Este es el primero de una serie de cuatro reportajes elaborados a lo largo de dos meses de investigación, que reconstruyen todo lo que rodeó a la crisis de seguridad nuclear que estuvo a punto de cambiar la historia de Cataluña.
29,7 bars y 310 grados
29,7 bars de presión del gas en el interior del reactor. Por encima de los 30,1 bars, habrían empezado las fugas de radiactividad al exterior. 310 grados de temperatura de entrada en las bombas de aire. El límite para evitar la emisión de gases eran los 315. Estos datos, provenientes de los informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), muestran hasta qué punto el incidente nuclear de Vandellòs estuvo cerca de contaminar todo su entorno. Técnicos y bomberos trabajaron toda la noche para evitar que el núcleo se calentara demasiado y se fundiera. “No habría sido tan grave como Chernóbil, pero sí peor que Fukushima”, explica a CRÍTIC el experto en seguridad nuclear Oriol Parera. “Seguramente, L’Hospitalet de l’Infant [municipio donde está ubicada la central] no sería una zona donde se pudiera vivir”, concluye.
La empresa propietaria de Vandellòs I era Hifrensa, un consorcio público-privado formado por Fecsa y Enher (que acabarían dando lugar a Endesa), Hidroeléctrica de Cataluña (posteriormente integrada en Iberdrola) y la empresa pública francesa Électricité de France. La compañía empezó a explotar la central en 1972. Hifrensa no había aplicado diferentes medidas de seguridad que, desde hacía más de tres años, le exigía el CSN. Entre ellas, una mejor protección contraincendios. A lo largo de la noche tampoco se llegó a activar el Plan de Emergencias de la central.
La sentencia judicial del caso, a la que ha tenido acceso CRÍTIC, certifica todos estos hechos. Pero los responsables fueron absueltos porque los jueces consideraron que estas irregularidades no fueron determinantes para el accidente.
Sin dotación de bomberos y sin inspector residente
Pero, ¿cómo empezó todo? A las 21:39 h de aquella noche, una pieza se desprende de la turbina número 2 e impacta contra una cañería de aceite. Se declara un incendio a pocos metros del reactor. A las 22 horas, llegan los primeros bomberos. Vienen de la otra central nuclear de Vandellòs, puesto que en las instalaciones incendiadas no había una dotación de bomberos propia. Joan Carles Carles, el inspector del CSN de la otra central, también es llamado: “En Vandellòs I no había inspector residente, nadie del Consejo que trabajara sobre el terreno controlando que se cumplieran las medidas de seguridad. Por eso me llamaron a mí”, explica Carles, treinta y dos años después de aquella noche, en declaraciones a CRÍTIC.
Aquellos momentos críticos quedaron inmortalizados en las imágenes del fotoperiodista de El País Josep Lluís Sellart, que estuvo en el lugar de los hechos aquella noche, y que ilustran también este reportaje. Las primeras dotaciones de bomberos intentaban apaciguar las llamas. CRÍTIC ha localizado a uno de los bomberos que trabajó aquella noche en la extinción del incendio: Xavier Llambrich, de L’Ametlla de Mar: “El fuego era complicadísimo de atacar porque era subterráneo. No teníamos acceso a él, solo veíamos el humo”, rememora desde las puertas de la antigua central, hoy clausurada.
Joan Carles Carles llegó a las instalaciones al cabo de pocos minutos: “El panorama que me encuentro dentro de la sala de control es bastante impresionante. Tuvieron que poner extractores y repartir leche porque estábamos respirando humo de cables quemados”, explica. Los teléfonos de comunicación directa con el CSN funcionaban intermitentemente, los ordenadores se saturaron por exceso de información y los operadores no recibían información de varios indicadores porque los equipos eléctricos estaban fallando.
“El núcleo se nos va”
Unos metros más abajo, la preocupación dejaban de ser las llamas. El fuego había fundido las juntas de la cañería que conectaba la central con el mar, y esto hizo que se empezaran a inundar las instalaciones: “Salieron dos señores vestidos con bata blanca, y nos dijeron que, por favor, nos olvidáramos del incendio. Decían que ya no tenía ninguna importancia, que nos dedicáramos a sacar agua porque, en palabras literales, ‘el núcleo se nos va‘”, explica Llambrich. El agua era más peligrosa que el fuego: los sistemas de refrigeración, encargados de enfriar la temperatura del núcleo para evitar el desastre, se estaban inundando y podían quedar inservibles.
¿Qué dicen los informes oficiales de todo ello? La sentencia judicial recoge que dos de las cuatro máquinas sopladoras responsables de refrigerar el núcleo quedaron inoperativas. Varios testigos van más allá: aseguran que en algunos momentos solo funcionó una de las cuatro. En los momentos más críticos, los técnicos tuvieron que entrar repetidamente a la sala de turbinas, inundada y sin luz eléctrica, para regular manualmente los sopladores.
A pesar de todo, la central no comunicó este riesgo inminente: “En ningún momento pudimos hablar con ningún técnico que no fuera el director de la central para saber información detallada de cómo estaba la situación”, explicaba Isabel Mellado, exdirectora técnica de Seguridad del CSN, en unas jornadas de conmemoración de los 30 años del accidente, “y en ningún momento nos habló de la presencia de agua que afectara a los equipos de seguridad”.
Joan Carles Carles, que estaba presencialmente en la central, tampoco fue informado: “Nadie de la central me comunicó nada sobre la carencia de refrigeración del núcleo en aquel momento”. Julio Pérez, del sindicato de técnicos del CSN, recogió testimonios de los trabajadores presentes aquella noche para las mismas jornadas conmemorativas, y encontró una explicación: “Nunca dijimos la situación tan grave en que nos encontrábamos por miedo a perder el trabajo”, explicaba una de sus fuentes anónimas.
La empresa no activó el plan de emergencia
El incendio quedó controlado hacia la una de la madrugada, pero los trabajos para rebajar la inundación duraron toda la noche. Cuando empezaba a salir el sol, la refrigeración del núcleo ya estaba garantizada: “Una vez llegó el relevo, todos mis compañeros se tiraron por el suelo de los alrededores de la central… estábamos reventados. Todos recordábamos Chernóbil, y habíamos trabajado toda la noche con la idea de que no saldríamos vivos“, narra Xavier Llambrich, bombero de L’Ametlla de Mar. El agotamiento pasó a ser indignación cuando Llambrich acabó de trabajar: “llego a casa y veo a mis padres durmiendo tranquilamente. No sabían nada, nadie se había dado cuenta de nada. Acabábamos de pasar un infierno, ¡yo estaba convencido de que habrían evacuado el pueblo!”.
El director de la central, Carlos Fernández Palomero, no activó el Plan de Emergencia Interior (PEI) de la instalación. Es decir, no se declaró en ningún momento la situación de emergencia. El Gobierno Civil –actual Delegación del Gobierno– sí que decretó el nivel 0 del Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona (PENTA), pero con la información suficiente se hubiera pasado al nivel 1, según el relato de Isabel Mellado. Este cambio implica, entre otras medidas, controles de acceso al territorio afectado.
Esta carencia de comunicación hizo que el Gobierno español impusiera una multa de 70 millones de pesetas a la empresa explotadora de la central, porque “dificultó la correcta gestión del Plan de Emergencia Nuclear”. Hifrensa recorrió, y a pesar de que el Tribunal Supremo reafirmó la sanción, finalmente el Constitucional acabó anulándola.
La central incumplía las exigencias de seguridad
Aun así, las irregularidades en seguridad se acumulaban desde al menos tres años antes. El 19 de junio de 1986, el Consejo de Seguridad Nuclear había exigido por carta a Hifrensa que aplicara cinco nuevas medidas de protección. Legalmente, la empresa estaba obligada a seguir estas indicaciones para poder operar. No eran peticiones casuales: acababa de haber un accidente grave en la central francesa de Saint-Laurent-des-Eaux. Precisamente, Saint-Laurent era la central madre de Vandellòs, de la que se había calcado el diseño y la tecnología. Las cinco modificaciones eran, pues, lecciones aprendidas de un accidente muy reciente en una central muy parecida.
La documentación del juicio penal contra los responsables muestra la insistencia del Consejo sobre la necesidad de implantar estas “acciones inmediatas”: se incluyen cartas al director de la central, al presidente de Hifrensa, e incluso a las empresas accionistas de la compañía. En el momento del accidente, todavía faltaban tres de las cinco medidas. Para el técnico Julio Pérez, la empresa hacía “prácticas dilatorias” para no tener que mejorar la seguridad, y el CSN “permitió” esta dilación.
En la sentencia, los jueces no entraron a valorar si existía o no negligencia, porque consideraron que “si la normativa de seguridad se hubiera cumplido, el incidente igualmente habría ocurrido”. El informe oficial del CSN sobre el accidente apuntaba en dirección contraria: dos de estas medidas sí que hubieran sido determinantes. Concretamente, la protección contraincendios –el inicio del incidente fue un incendio– y la adaptación del cambiador de parada, que es un método de refrigeración del núcleo para casos de emergencia. Aun así, los directivos del CSN enmendaron el informe de su propio equipo técnico, y reforzaron la argumentación de los dirigentes de Hifrensa.
Presiones del ‘lobby’ nuclear
El proceso judicial por el accidente se alargó más de diez años. Finalmente, entre el 19 y el 25 de enero de 2000, el caso llegó a la Audiencia Provincial de Tarragona. En este ámbito destaca el papel del abogado de la acusación popular, Marc Viader. Viader, hoy jubilado, cree que las defensas no jugaron limpio: “Presionaban porque nos retiráramos constantemente e intentaron, incluso, que nosotros acabáramos pagando las costas del juicio”, explica en una conversación con CRÍTIC.
Viader, de militancia ecologista, se caracterizó durante toda su trayectoria profesional por afrontar casos vinculados con la defensa de trabajadores en casos de accidentes laborales. Hizo frente al juicio por su cuenta, sin el apoyo de ninguna organización política ni social. El abogado lamenta que ni las entidades ecologistas más movilizadas fueran parte de la acusación. Inicialmente, el Ayuntamiento de L’Ametlla de Mar, municipio limítrofe al de L’Hospitalet de l’Infant – Vandellòs, donde está la central, se había querellado contra los responsables de la central, pero se retiró después de un pleno municipal en que se denunciaron presiones del lobby nuclear. “La soledad procesal seguro que afectó al desenlace”, explica Viader. También señala la dificultad para obtener análisis técnicos neutrales: “Es un mundo muy endogámico, costaba mucho encontrar especialistas dispuestos a hablar contra la empresa”.
El papel de Viader en el juicio no estuvo exento de polémica. En 1998 fue acusado de aceptar un soborno de parte de Joan Piqué Vidal, abogado defensor de los responsables de la central, para que retirara de su escrito de acusación a dos altos directivos de Hifrensa. El episodio lo relata el secretario de Piqué Vidal, Antoni Piñol, en un libro publicado en 1998 y del que se hizo eco la revista El Triangle. En aquel momento, Viader negó los hechos y afirmó que los documentos que hacía públicos Piñol habían sido falsificados. Piqué Vidal, que fue abogado de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana y uno de los letrados más poderosos e influyentes de los años 80 y 90, fue condenado por el caso Estivill, una trama de extorsión a empresarios.
Sea como sea, la sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona fue exculpatoria. Entre la absolución penal de los responsables de la central y la anulación de la multa por no activar el plan de emergencia, el accidente se saldó sin consecuencias judiciales. Aun así, nunca se dieron las condiciones para volver a abrir la central. La presión ecologista se hacía notar: 6 semanas después del accidente, unas 35.000 personas se concentraron en la plaza de Sant Jaume de Barcelona para exigir el cierre. Paralelamente, el CSN endureció sus peticiones para permitir la reapertura, y la empresa determinó que el coste económico de cumplirlas era demasiado alto.
Desde entonces, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), que es pública, se encarga de gestionar tanto las instalaciones como los residuos nucleares de Vandellòs I. El desmantelamiento va por fases y es un proceso de décadas. Hasta 2028, el núcleo no se habrá enfriado bastante para poder completarlo. El accidente de Vandellòs deja un balance paradójico: cero muertos y cero heridos, pero también cero responsables y una factura que todavía se está pagando.
