28/09/2022 | 06:00
En Perú, cada día cinco niñas o adolescentes quedan embarazadas a causa de una violación, y la tendencia apunta a un aumento progresivo. En los primeros siete meses de 2020, 459 menores fueron madres tras una agresión sexual, 16 de las cuales tenían menos de diez años. Así consta en los datos que revela el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y que recoge el informe Nuestras voces sí importan: historias detrás de los embarazos forzados, realizado por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán con el apoyo de Farmamundi.
El aumento de la violencia sexual en niñas y mujeres, afirma Eleana Rodríguez, coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Flora Tristán, se suma a una preocupante falta de implementación territorial de las políticas públicas nacionales para garantizar derechos como la salud sexual y reproductiva y la educación sexual.
Ponemos contexto a ocho datos preocupantes sobre violencia sexual que viven las menores en Perú.
El 85% de las violaciones fueron a niñas de entre 12 y 17 años
B. es una adolescente peruana de 15 años que fue víctima de una violación sexual por parte de un amigo de la familia, que se la había llevado de su casa en contra de su voluntad. B. forma parte de un contexto social con cifras alarmantes en el país: cada vez son más las menores de edad que sufren agresiones sexuales. La Policía Nacional, de hecho, contabilizó en 2015 que el 85% de los casos de violaciones fueron a niñas de entre 12 y 17 años. El Programa de Investigaciones Criminológicas y Análisis Prospectivo del Ministerio Público reportó que, en el 100% de los casos de agresiones sexuales a menores, el perpetrador era un hombre. “La violencia sexual siempre ha existido, pero ahora se ha visibilizado más, es un grave problema de salud pública, violan y matan a mujeres y niñas”, afirma la miembro de Flora Tristán.
Meses después de la violación, B. se dio cuenta de que no le venía la regla y confirmó que se había quedado embarazada. Aunque no quería tener el bebé, le impusieron que siguiera adelante con el embarazo: “Tenía vergüenza de ir al hospital, qué me van a decir, que tan chiquita me he embarazado. Tenía vergüenza de que me vieran”, afirma. Según datos de la Mesa de Lucha contra la Pobreza, la zona de Ucayali, en la zona centro-oriental del país, es donde hay más prevalencia de embarazo en adolescentes de todo el Perú, concretamente un 25% de ellas han quedado embarazadas en 2022.
20 niñas fueron obligadas a ser madres antes de los 10 años a causa de una violación sexual
Como B., muchas niñas y adolescentes han quedado embarazadas después de una violación sexual, una tendencia en aumento sobre todo entre niñas menores de 10 años. En tan solo los cinco primeros meses de 2021, se tiene constancia de que 20 niñas que aún no habían cumplido los 10 años fueron obligadas a continuar con un embarazo forzado. Rodríguez cuenta el caso de una menor de 9 años de Pucallpa, capital del departamento de Ucayali, en la región amazónica del Perú, que llegó a un centro de salud por un embarazo y ni el médico le ofreció información sobre cómo acceder a un aborto terapéutico ni se activó una actuación conjunta con la policía para denunciar al agresor. No fue hasta que el gobernador se enteró del caso que realizaron la intervención como correspondía.
Flora Tristán, a través del informe presentado, contextualiza estos datos: según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), América Latina y el Caribe tienen la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes, pues un 38% de las gestantes tienen menos de 19 años. En el caso de Perú, 13 de cada 100 adolescentes son madres o están embarazadas, siendo la región de la Selva y las áreas rurales las que presentan cifras más elevadas.
El 38% de adolescentes de poblaciones indigenas quedaron embarazadas
La brecha de clase también marca la diferencia: mientras que el 24% de las adolescentes de contextos económicos pobres han llegado a quedarse embarazadas en algún momento, mientras que entre las ricas este porcentaje se reduce al 4%. El riesgo de quedarse embarazada depende del contexto socioeconómico, por lo que se presentan zonas con mayor incidencia de embarazos infantiles que otras. Por ejemplo, en la selva amazónica, el 38% de las adolescentes que pertenecen a pueblos originarios se han quedado embarazadas, pero en la ciudad de Cusco, en un contexto urbano, esta cifra es casi cinco veces menor.
En el informe del Centro Flora Tristán se recoge el caso de H., otra adolescente de 13 años de la comunidad nativa Nueva Palestina que presentaba siete meses de gestación en el momento del estudio. Según fuentes de la comunidad, el agresor era su padrastro, que la tenía aislada y no dejaba que la niña se comunicara con nadie. El estudio muestra también que, del mismo modo que los sectores con más pobreza presentan mayor vulnerabilidad a un embarazo adolescente, también es así en el caso de las adolescentes de pueblos originarios y que hablan lenguas nativas. Rodríguez, de Flora Tristán, recuerda que la libertad sexual está protegida por el estado peruano y que en la legislación de Perú un embarazo en una menor de 14 años se considera violación sexual. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que “el embarazo infantil es tortura”.
En Perú el único aborto permitido es el terapéutico: cuando el embarazo pone en peligro la salud de la madre
Un 35% de la ciudadanía está en contra de la despenalización del aborto en caso de agresión
Ante la creciente realidad de embarazos infantiles forzosos, Flora Tristán, junto con otras entidades en defensa de los derechos humanos, trabaja por la despenalización del aborto en casos de violación sexual. En Perú el único aborto permitido por ley es el terapéutico, es decir, la interrupción voluntaria de un embarazo que pueda poner en peligro, tanto física como mentalmente, la salud de la gestante. Aunque está regulado por ley desde 1924, no fue hasta 2014 que se estandarizó un protocolo, que la coordinadora del Centro Flora Tristán apunta que no siempre se cumple: “En esta legalidad, muchas mujeres víctimas de violencia sexual que quedan embarazadas no pueden acceder a un aborto, por eso defendemos la despenalización del aborto en caso de violencia sexual”, comenta. En esta dirección ya se están moviendo fichas, pues la congresista de izquierdas Ruth Luque presentó a finales del 2021 un proyecto de ley para introducir esta casuística en la legislación. Según una encuesta realizada por la empresa Datum sobre la percepción de la población acerca del aborto, en 2018 el 64% de la población ya apoyaba la despenalización en caso de agresión.
Después de la covid se ha retrocedido en la garantía de derechos sexuales
Al margen de lo que dice la ley, uno de los problemas con que se encuentran muchas de las jóvenes que no quieren seguir con el embarazo es la falta de atención en los centros sanitarios, sobre todo en contexto de pandemia, que ha generado más desigualdades sociales y de género. Rodríguez explica que, después de dar prioridad a casos de covid, los servicios de salud sexual y reproductiva han vuelto a emprender la actividad, pero “se calcula que se ha retrocedido diez años en materia de implementación, acceso y garantía de estos” según los expertos. El informe realizado, de hecho, recoge la falta de un protocolo único y de aplicación real cuando una adolescente acude embarazada a un centro sanitario debido a una agresión sexual, así como casos en que los profesionales no han facilitado información sobre la posibilidad de un aborto. Según la experta del Flora Tristán, esta deficiencia supone un obstáculo para la autonomía de las mujeres en las etapas más tempranas de su vida, pues un embarazo en una niña o adolescente puede provocar otros problemas como abandono escolar, matrimonios precoces y la temprana asignación de responsabilidades de cuidado.
La detección de los obstáculos que provocan la desatención en los hospitales y centros básicos de salud son, en criterio del Centro Flora Tristán, muy diversos: “falta de protección del Estado, que consiste en la falta de capacitación, las dificultades en la asignación de recursos, y un sistema legal y policial que está cortado a la medida para la impunidad del agresor”. Para ello, las profesionales de salud reclaman una mayor capacitación y formación, menos burocracia en los trámites de denuncia y un mayor compromiso por parte del personal de salud y de las autoridades en este tipo de casos.
Perú celebra el Día del Niño por Nacer, pero tiene escaso presupuesto para el 25-N
En el campo político también existen barreras para la práctica del aborto terapéutico o en caso de violación: el conservadurismo. Rodríguez expone que “Perú está viviendo una regresión política”. Según ella, existen movimientos en contra de la vida como Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM), con presencia también en España, así como líderes fundamentalistas del Opus Dei, que “están metidos en los poderes del Estado y que hasta han llegado a ser ministros”.
A día de hoy, por ejemplo, Perú celebra el 25 de marzo el Día del Niño por nacer y, por otro lado, “asigna un presupuesto limitado para prevenir la violencia machista y hacer campaña el día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, dice Rodríguez. Según informa el Congreso de la República de Perú en su web, la Constitución Política de Perú, el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes y el Código Civil “reconocen el derecho a la vida y la integridad física del no nacido desde el momento de su concepción”. El gobierno actual, de hecho, quiere cambiar el actual nombre del Ministerio de la Mujer a Ministerio de la Familia, reduciendo así su figura como meramente reproductiva.
370.000 mujeres abortan clandestinamente en el país cada año
“Hay un ala conservadora que ha ido prosperando año a año, ganando más presupuestos. El actual gobierno ha presentado un proyecto de ley para legalizar la defensa de la vida, desconocen o no promueven que se difunda el aborto terapéutico”, añade la miembro del Centro Flora Tristán. La presencia de estos grupos anti derechos provoca que muchas niñas y adolescentes peruanas no se atrevan a denunciar o a pedir un aborto en el centro de salud. Una muestra de ello son los testimonios recogidos en el informe, pues ninguna de las jóvenes ni de sus familias quisieron o pudieron denunciar al violador, de modo que el agresor quedó impune.
Frente a la criminalización y estigma que supone que una adolescente se quede embarazada, algunas también optan por abortos clandestinos e inseguros que pueden conllevar peligro, e incluso la muerte, y que se calcula que practican hasta 370.000 mujeres de todas las edades cada año. La Dirección General de Epidemiología e Perú, el año 2015, reportó 414 muertes maternas, pero no detalló cuántas de estas han sido causadas por abortos clandestinos. La Organización Mundial de la Salud estima que en Sudamérica el 13% de las muertes maternas en el 2008 fueron causadas por aborto clandestino.
“Hay que garantizar los derechos fundamentales, también los sexuales y reproductivos, de todas las personas”
La ley permite a los progenitores revisar el contenido educativo en materia de sexualidad
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú redactó un informe en el cual exponía que “los esfuerzos del Estado no habían sido suficientes para reducir las cifras de violencia sexual en el país”. Rodríguez se muestra de acuerdo en el hecho que el Estado peruano no está protegiendo los derechos sexuales y reproductivos de sus ciudadanas. Por ello, la activista reclama una educación sexual integral que se lleve realmente a la práctica y lamenta que se esté poniendo en peligro una parte crucial de la educación de las niñas, niños y adolescentes. “Ahora la ley acepta que los contenidos educativos sean revisados por padres y madres en materia de sexualidad, y un padre o madre no está capacitado para valorarlo, tiene que hacerlo el Ministerio de Educación!”.
Las niñas y adolescentes, por lo tanto, continúan afectadas por políticas conservadoras y contra sus derechos: por ejemplo, entre 2019 y 2021, algunos colectivos quemaron textos escolares argumentando que el Ministerio de Educación del Perú promueve “la mal llamada ideología de género y que homosexualiza a los adolescentes”. Rodríguez defiende que “hay que garantizar los derechos fundamentales, también los sexuales y reproductivos, de todas las personas” y que para ello es necesaria “la laicidad del estado, de los gobiernos y de las políticas”. Añade que Perú “no reconoce como fundamental la defensa de la garantía por la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres y sus diversidades”, y que esto fortalece el estigma frente al aborto y al ejercicio de la sexualidad.
La alianza de Farmamundi y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán trabajan en este y en otros proyectos de mayor envergadura para luchar por la “implementación real de los grandes marcos legales y de políticas garantes de los derechos humanos de las mujeres”. En el ámbito del territorio nacional, denuncian que se incumplan buena parte de las políticas públicas que conciernen los derechos de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivo, así como defienden una vida libre de violencia de género reclamando “espacios para una participación empoderada de mujeres y adolescentes para la demanda de sus derechos y el déficit generalizado de institucionalidad pública e inversión social que sufre el país”.
