El plan ‘España puede’: qué es y qué riesgos esconde

Pedro Sánchez explicará hoy en el Congreso las bases del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia España Puede”. El documento, que ya ha sido validado por la Comisión Europea, detalla las líneas maestras de la gestión de los denominados fondos europeos Next Generation EU por parte del gobierno español. Las ayudas, impulsadas por la Unión Europea para reparar los daños económicos de la pandemia, están dotadas con 750.000 millones de euros, que durante los próximos 7 años se transformarán en subvenciones y préstamos a los estados miembros.

Esta inyección de recursos públicos en la economía no tiene precedentes en la historia reciente de Europa. El Estado español, que fue uno de los estados más afectados por la primera oleada del virus, se llevará una parte muy relevante: el 20% del global europeo, según la información que ha transcendido hasta ahora. El objetivo no es solo afrontar la crisis de la Covid-19, sino, según el relato que acompaña el plan, “modernizar la economía” para que sea “verde y digital”.

Pero, ¿de donde sale este dinero? ¿Los estados tendrán que realizar algún tipo de ajuste para garantizar la recepción? ¿Son, como se ha dicho, recursos a fondo perdido, o se tendrán que devolver? ¿Es posible que estemos a las puertas de una nueva crisis de la deuda que implique más recortes y austeridad? CRÍTIC, en colaboración con el Observatori del Deute en la Globalització (Observatorio de la Deuda en la Globalizacion, ODG), ha analizado el plan ‘España Puede’ para explicar las principales claves de una operación que puede condicionar el futuro de toda una generación.

¿Dinero a fondo perdido o préstamos a devolver?

Los estados que quieran optar a los fondos Next *eneration EU, como explica la guía ‘Más sombras que luces’ elaborada por el ODG, podrán disponer tanto de subvenciones —que no habrá que devolver— como de préstamos —que sí deberán ser restituidos—. El Estado español, de momento, solo ha solicitado subvenciones: el gobierno de Pedro Sánchez podrá gestionar 69.500 millones de euros, que deberían llegar entre 2021 y 2026. La primera partida, de 9.000 millones, llegará a mediados de julio, una vez el Ecofin, el organismo formado por los 28 ministerios de Economía y Finanzas de los estados de la UE, dé el visto bueno definitivo al plan español. Antes de acabar el año, el gobierno de Sánchez espera otra transferencia de 10.000 millones.

Bruselas ha pedido a los estados receptores de los ‘Next Generation UE’ que vigilen sus gastos públicos y aumenten su recaudación

Aunque este paquete sea conocido como “ayudas a fondo perdido”, esto no implica que salgan gratis a los países receptores. A cambio de esta cuantiosa inyección de recursos, Bruselas ha pedido a los estados receptores que vigilen sus gastos públicos y aumenten su recaudación, para tener la deuda bajo control. Así mismo, la concesión de los fondos dependerá del cumplimiento de una serie de reformas, que el ejecutivo español ha empezado a detallar en el plan ‘España puede’. Pero el documento no deja claro hasta dónde podrían llegar los ajustes.

Alguna de las reformas estrella de Sánchez pasan por los ámbitos laborales, de pensiones y fiscal, pero el plan, de más de 2.500 páginas, no da muchos detalles de cómo se llevarán a cabo. De hecho, la carencia de concreción en los costes y los beneficios de las medidas es una de las pocas quejas que Bruselas ha hecho llegar al Estado español. La UE ha decidido, de momento, pasarlo por alto, pero todavía no se sabe qué implicarán y a quien afectarán. El plan, que tenía que aclarar los detalles de la gestión de los fondos, hoy todavía supone más sombras que luces. En todo caso, parece claro que uno de los caballos de batalla importante será la posible reforma de las pensiones.

La reforma de las pensiones y la ‘mochila austríaca’

Para garantizar una salud relativa de las arcas públicas, el plan español da mucha importancia a hacer sostenible el sistema público de pensiones y, a tal efecto, señala algunos cambios que ya se han empezado a llevar a cabo, como ampliar la edad de jubilación y promover la llamada jubilación senior. También se abre la puerta a hacer que las prestaciones no estén solo financiadas por las cotizaciones a la Seguridad Social. Hay que tener en cuenta que justamente esta semana el gobierno y los grandes sindicatos y patronales han acordado un primer paquete de reforma de pensiones. Los cambios son la derogación parcial de la reforma del PP de 2013 que implica que las pensiones vuelvan a revalorarse con la inflación por ley, pero no aborda las cuestiones más espinosas de futuro.

La falta de concreción del plan podría abrir la puerta a aplicar medidas como la privatización de las pensiones y las prestaciones de paro

En esta línea, la falta de concreción del plan, según algunos analistas, podría abrir la puerta a aplicar la llamada ‘mochila austríaca‘, una receta recomendada ampliamente por el Banco Central Europeo. Esta medida supone que la empresa va depositando una cantidad mensual en una cuenta bancaria a nombre del trabajador que sirve para financiar su jubilación o su prestación de paro. Esto supone, según las voces críticas con esta fórmula, reducir el coste del despido para las empresas y dejar en manos de los bancos un pilar de las políticas de bienestar y privatizar estas prestaciones. El sistema, si bien aligeraría de carga las arcas públicas, también incrementaría la precariedad de las personas más vulnerables y con dificultad para acceder al mercado laboral.

Los condicionantes para recibir el dinero de los fondos europeos piden que la economía del país sea “saludable” y que el estado sea capaz de afrontar crisis futuras. Esto no sería ningún problema de entrada, puesto que unas arcas públicas saneadas pueden invertir en servicios públicos con más facilidad, pero parece que el Estado español no apunta en esta dirección. Así lo considera Carlos Sánchez Mato, economista y profesor de la Universidad Complutense de Madrid: “las condicionalidades no tendrían que ser necesariamente malas; hacer que el sistema de pensiones sea sostenible es algo que cualquier gobierno querría, pero no se está planteando bien. Este plan podría haberse usado para mejorar la situación, pero los elementos que figuran pueden ser gravísimos”. Sánchez Mato también recuerda que, a pesar de que las condiciones las impone Bruselas, no determina cómo se tienen que llevar a cabo. “Basta de decir que la UE nos obliga a aumentar la edad de jubilación, es todo cuestión de voluntad política”, dice.

Pero el principal problema es la falta de concreción. “No se nos dan detalles de cómo se llevarán a cabo estos cambios, con qué condiciones o qué actores serán los protagonistas. Sí que se mencionan los sectores socialmente más vulnerables, como por ejemplo las mujeres, muy afectadas por la brecha de género en las pensiones, pero no se explica ninguna medida concreta para ellas”, apunta Joana Bregolat, investigadora del ODG, que ha estudiado el plan. En el Estado español hay casi un 27% de personas en riesgo de exclusión social, según datos del gobierno previas a la pandemia, pero el plan no contempla medidas concretas para mejorar la situación de estos colectivos. Las únicas reformas que favorecerían la ciudadanía en general pasan por las modificaciones del sistema fiscal que, entre otras cosas, prevén ampliar la lista de deudores a Hacienda y el concepto de paraíso fiscal, o grabar con más impuestos las rentas más altas. Pero, de nuevo, no se explican los detalles. El grueso del plan, pues, “se queda corto, porque está enfocado a financiar sectores estratégicos, como el constructor o el energético, pero no plantea ningún cambio de modelo y, ni siquiera, apunta a garantizar la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas (PYME), que son las que más ocupación generan. Salvar a las grandes empresas no salvará al país”, sentencia Nicola Scherer, investigadora del ODG.

El sector privado, el gran beneficiado

Una de las principales conclusiones del documento ‘España puede’ es, según los analistas, que los mayores beneficiados de este mecanismo serán las grandes empresas. Así lo demuestra, por ejemplo, todo lo que se refiere a inversiones en salud. En medio de una pandemia, que ha demostrado que la sanidad pública es imprescindible, el gobierno español plantea invertir en sanidad 1.069 millones de euros. Un porcentaje que representa únicamente el 1,54% del global del plan. Y hay que leer la letra pequeña: el 74% de este dinero se dedicará, no a más contratación o a formación de profesionales, sino a renovación de equipación. “Cuando desglosas las inversiones lo ves claro: están pensadas para la empresa privada”, afirma Scherer.

El 74% de las inversiones pensadas para sanidad irán destinadas a la renovación de equipación, que será comprada a consorcios privados

Esta priorización del sector privado también se hace visible en otros ámbitos. Otro ejemplo lo encontramos en el capítulo que habla de los cuidados. Se trata de un texto extenso en que se habla de menores, de personas migradas, refugiadas, de los parados y de las mujeres. “Es un cajón de sastre. Desde el tercer sector hace años que trabajamos en estos ámbitos de manera diferenciada y el Gobierno lo junta todo”, apunta Maria Palomares Arena, directora ejecutiva de la fundación Calala Fondo de Mujeres. El “plan de choque para la economía de los cuidados” está dotado de 3.500 millones de euros, de los cuales el 60% irá destinado a la ‘desinstitucionalización, mejora de equipaciones y tecnología’. Esto se traduce en la digitalización de los servicios, la capacitación de los trabajadores públicos y la adecuación de los inmuebles dedicados a los servicios sociales. Así, gran parte de este dinero estará dedicada a “la construcción y remodelación de centros residenciales y de día innovadores”, tal como afirma el texto.

Esta decisión de invertir en el sector de la construcción, según Palomares, denota “una clara voluntad de invertir en la empresa privada, en sectores que, además, están altamente masculinizados. De este modo, la generación de ocupación de calidad continuará estando reservada en gran medida a los hombres”. Además, la directora de Calala considera que en ningún momento se tiene en cuenta que la mayoría de personas que se dedican a los cuidados no se verán beneficiadas de este plan porque trabajan o bien en la economía informal, o bien de la mano de empresas privadas. “Vemos, pues, que las mujeres, los colectivos más vulnerabilizados y las PYME no están en el centro de estas medidas. Y lo mismo pasa con el tercer sector, importantísimo en el ámbito de los cuidados”, afirma.

El presupuesto que el gobierno destinará al sistema de cuidados es de 100 millones de euros, pero la mayo parte del dinero irá a las grandes empresas

Y es que el gobierno reserva 100 millones de euros para elaborar tres planes pilotos para mejorar el sistema de cuidados. “¿Tú crees que una entidad pequeña puede gestionar 33 millones de euros? Nos están dejando fuera. Este presupuesto está pensado para grandes empresas como CLECE, que sí son capaces de trabajar con cantidades tan grandes”, dicen desde Calala. Así, ni las personas que cuidan ni las que nos curan están directamente impactadas en este plan, a pesar de que se consideraron trabajadoras esenciales durante la parte más dura de la pandemia. “La crisis ha sido fenomenal para que cada cual barra hacia casa”, asegura el economista Carlos Sánchez Mato. “El sistema público de salud y cuidados hoy es mucho más importante que el de la construcción, pero en nombre de la recuperación económica, se invertirá en aquellos sectores que generen beneficios a corto plazo, dejando de lado que esta situación de empobrecimiento generalizada es insostenible, incluso por el capitalismo”.

¿De dónde sale el dinero y a quién se tiene que devolver?

Desde que se dio a conocer el paquete de ayudas, se habla de millones y millones de euros como si estos cayeran del cielo. Pero el dinero nunca sale gratis y hay que tener en cuenta que estas cantidades no provienen del presupuesto comunitario de la UE, sino de la emisión de deuda por parte de la misma Unión Europea.

Este hecho es una novedad importante: a raíz de la crisis de 2008, la UE empezó a debatir sobre la posibilidad de emitir deuda mutualizada, pero los países más enriquecidos, como Alemania, se oponían a ello. De forma que los estados más empobrecidos de la UE, como Grecia, Italia o el mismo Estado español, tuvieron que afrontar en solitario la crisis de la deuda. No fue hasta la pandemia que la Comisión Europea decidió crear los eurobonos. La principal novedad respecto a la crisis de 2008 es que el titular de estos bonos es la Unión Europea y la responsabilidad de devolver el dinero se comparte entre los 27 países. Por eso, esta deuda se ha calificado de máxima calidad y mínimo riesgo y es la razón por la cual interesa tantísimo a los mercados financieros que, de otra manera, no hubieran comprado deuda de países con la economía muy castigada, como España o Italia.

La UE se endeuda con los “mercados financieros”, pero es difícil saber qué personas físicas y jurídicas se ocultan detrás de estos

Es la emisión de deuda a través de estos bonos la que ha financiado en gran parte los 750.000 millones de euros que nutren los Next Generation EU. Hasta ahora, se han emitido eurobonos por valor de 20.000 millones de euros y se espera llegar a los 900.000 en 2026. Así, la UE se endeuda con los denominados “mercados financieros”, pero es difícil saber cuáles son las personas físicas y jurídicas que se ocultan detrás de estos mercados. “No hay transparencia respecto al mercado de los bonos y no se puede comprobar quién compra esta deuda”, explica Carlos Sánchez Mato.

El peligro de estos eurobonos es, según Nicola Scherer, que “la Unión Europea y, de rebote, los Estados, se endeudan con actores financieros que no tienen ningún criterio moral y solo quieren recuperar el dinero, independientemente de aquello que pase en los Estados y el precio que tengan que pagar”. Y es que no se debe olvidar que, a pesar de que los estados miembros recibirán fondos de ayuda que serán subvenciones no retornables, el global del dinero que forman parte del Next Generation EU deberán ser devueltos por la propia UE. Es por ello que es tan importante para Bruselas y para el gobierno de Sánchez implementar medidas que aumenten la recaudación de fondos, para mantener la situación bajo control.

¿Es possible una nueva ola de recortes?

Pero, ¿qué pasaría si no se consigue devolver la deuda? ¿Qué sucederá cuando se reactive el Pacto de Estabilidad, que controla los gastos de cada país de la UE? Para Nicola Scherer, del ODG, la respuesta es que viviremos una reedición de aquello que pasó en 2008. “Hace diez años, el Estado tuvo que intervenir, desmontando la idea neoliberal de que el mercado resuelve todos los problemas, y tuvo que ser el rescatador principal, con dinero público, de los bancos. Hoy la situación es diferente, pero se repite la lógica y podemos acabar rescatando al sector productivo”.

Para Scherer, si no se imponen —y no parece que tenga que pasar— una serie de condicionalidades sociales en las empresas que reciban estas ayudas del Next Generation, la situación se resolverá con recortes y austeridad. “A la UE no le interesa que los estados acaben en bancarrota, así que se inventarán la manera de que la deuda sea sostenible. Aquellos países que tengan una economía activa la podrán refinanciar y aquellos que no, como España, tendrán que sacar el dinero de donde puedan”, dicen desde el ODG. Es decir: de las arcas y de los servicios públicos.

Y es que hay que recordar que, en 2011, en el peor momento de la pasada crisis, con la UE vigilando con lupa la deuda y los gastos, el Estado español decidió abrir el melón de la Constitución para reformar el artículo 135 y añadir el concepto “de estabilidad presupuestaria”. Así, el nuevo texto determina que, cuando hay una situación de deuda, el Estado dará prioridad a pagar a los acreedores externos, por delante de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y de las inversiones públicas. Así, este regalo envenenado que son los fondos europeos, supone que la sanidad, la educación, el sistema de prestaciones o servicios sociales podrán sufrir recortes si con esto se garantiza el retorno de la deuda. Pero todavía no está todo el pescado vendido y, por ahora, solo llegará una parte muy pequeña de los 140.000 millones de euros que el estado español recibirá de la UE.

Este dinero recibe el nombre de Next Generation EU y será la próxima generación la que tendrá que convivir con una deuda sin precedentes. La única manera de evitarlo, y aquí coinciden todos los expertos consultados, es invertir en sectores que, a pesar de que no generan beneficios inmediatos, sí que sustentarán la economía y podrán garantizar una transformación económica real. Focalizar en el tercer sector, en los servicios públicos y los cuidados, las PYME y autónomos diversificará los recursos y, en lugar de poner todos los huevos en el cesto del Ibex-35, repartirá la riqueza y los riesgos. El calendario de los próximos meses determinará las décadas que vendrán. Porque, como resume Nicola Scherer, hoy nos encontramos, más que nunca, en la dicotomía entre “la deuda o la vida”.