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Cinco peligros del Pacto verde europeo como estrategia de recuperación económica

La Unión Europea prepara un proceso de transición hacia una economía verde y digital sin saber todavía a quién beneficiarán los fondos que se le destinarán

22/02/2021 | 09:13

Las medidas ejecutadas para hacer frente a la crisis sanitaria global de la Covid-19 han desencadenado la crisis económica más grande desde la Gran Depresión de 1929, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante el año 2020, la mayoría de economías han visto caer su PIB y, en el caso de España y de Italia, en la zona euro, lo han hecho de forma más profunda. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) apuntaba que en el segundo trimestre de 2020 se había perdido el equivalente a 496 millones de puestos de trabajo en el mundo, y el Banco Mundial calculaba que 88 millones de personas habían sido empujadas a la pobreza extrema por la pandemia. Según las estimaciones del FMI de enero de este año, la economía en la zona euro cayó un 7,2% en 2020.

Para hacer frente a esta situación, la Unión Europea (UE) apuesta por una estrategia de recuperación económica basada en los principios del Pacto verde europeo, que pone énfasis en la economía verde y en la transición digital. ¿Qué peligros esconde esta estrategia? ¿Quién se puede beneficiar de ella y a quién dejará fuera? CRÍTIC lo analiza en profundidad a partir de las aportaciones del libro Pactos verdes en tiempos de pandemias. El futuro se disputa ahora, escrito por el investigador Alfons Pérez, miembro del Observatori del Deute en la Globalització (Observatorio de la Deuda en la Globalización, ODG).

Mapa de los objetivos del Pacto verde europeo extraído del libro 'Pactos verdes en tiempos de pandemias'. Fuente original: European Compost Network / ODG

1. ¿A quién beneficiarán las ayudas europeas?

La Comisión Europea anunció el 14 de enero de 2020 el plan económico para el Pacto verde europeo llamado “Plan de inversiones para una Europa sostenible” con la voluntad de movilizar 1 billón de euros en los próximos 10 años a través del presupuesto de la UE y otros instrumentos financieros como el InvestEU. Pero, con el estallido de la Covid-19 y la crisis económica consiguiente, este plan se vio eclipsado y modificado. Ahora, se trazan dos políticas económicas en paralelo: el rescate de la economía productiva y la recuperación económica basada en una transición verde y digital de la economía europea.

Para rescatar la economía, se ha movilizado mucho dinero y muy rápidamente. Por un lado, el Banco Central Europeo ha ampliado el Programa de compra de deuda pública y corporativa implantado en 2014, con 1,1 billones de euros más en 2020. Pero, ¿dónde han ido a parar? ¿Se han repartido las ayudas? Pues, sin criterios ambientales, sociales o económicos, contradiciendo el Pacto verde europeo, este dinero ha beneficiado a las grandes compañías: más de 50 transnacionales como CEPSA, Airbus, Shell, Repsol, Naturgy, Iberdrola o Carrefour, tal como denuncia el libro Pactos verdes en tiempos de pandemia. Algunas de ellas, las más contaminantes de la UE y también de Cataluña.

Hasta ahora, los estados han rescatado a empresas, principalmente de sectores como la automoción, la aviación civil y el sector energético

Por otro lado, los estados han rescatado a empresas, principalmente de sectores tradicionales como la automoción, la aviación civil y el sector energético. El Estado español, por ejemplo, ha avalado los préstamos que la compañía Iberia ha pedido a entidades bancarias por un valor de 750 millones de euros, y 260 millones para Vueling. En caso de impago, el Gobierno, con los impuestos ciudadanos, tiene que cubrir el 70% del coste. Un rescate sin contrapartidas sociales, como podría ser asegurar los puestos de trabajo de las trabajadoras de estas empresas.

Para la recuperación económica, una oportunidad que la UE ve para hacer la transición verde y digital programada, en mayo de 2020 la Unión aprueba medidas que implican a su presupuesto en los próximos siete años, y un programa específico denominado Next GenerationEU. Este programa está dotado con 750.000 millones de euros (360.000 millones en préstamos y 390.000 en subvenciones a fondo perdido) para una “recuperación sostenible y resiliente, creación de puestos de trabajo y reparación de los daños causados por la Covid-19”. El 90% del presupuesto del programa se lo lleva el mecanismo para la recuperación y la resiliencia, del que el 70% se tiene que ejecutar entre 2021 y 2022. El Estado español, junto con Italia, pueden solicitar hasta un 40% del total. Para hacerlo, tienen que preparar planes de recuperación y de resiliencia nacionales 2021-2023 que tienen que incluir un 37% de inversiones verdes y un 20% de digitalización con el objetivo de avanzar en el Plan verde europeo.

Los planes verdes están supeditados al Pacto de estabilidad y hay riesgo de endeudamiento público por impago de los bonos corporativos y estatales

Pero estos planes no quedan exentos de peligros, según compila en su libro el investigador Alfons Pérez: Primero, están supeditados al control europeo y a las normas del Pacto de estabilidad que, a pesar de estar en stand by actualmente, volverá a reactivarse con un mayor endeudamiento de los estados. Segundo, están bajo el control de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, que controlan el logro de los objetivos. Tercero, hay un alto riesgo de endeudamiento público por impago de los bonos corporativos y estatales. Y, cuarto, están hechos para no modificar las lógicas actuales del mercado: son unos fondos que, lejos de reforzar las áreas esenciales como los cuidados, la salud o la educación, que cada crisis demuestra que son imprescindibles para sostener la sociedad y no generar más desigualdades, vuelven a estimular los sectores productivos convencionales para que transiten hacia una economía verde y digital. Los complejos procesos burocráticos para acceder hacen que sea casi imposible su alcance para pequeñas y medianas empresas, y cooperativas e iniciativas de la economía social y solidaria. Agrupaciones como la PIMEC ya trabajan estos fondos para defender el sector y facilitar el acceso de las empresas.

2. ¿Es posible mantener el crecimiento y a la vez reducir las emisiones?

La UE basa su estrategia de recuperación económica en un “crecimiento verde”, es decir, parte de la idea de que es posible un desacople absoluto entre el crecimiento económico y el impacto ambiental. Se cree que se puede seguir aumentando la producción de bienes y de servicios y a la vez reducir el consumo energético y material, y generar menos residuos y emisiones. Esta teoría, que apoyan otros organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, se sustenta en la innovación tecnológica. Pero, ¿Europa está trabajando en este sentido? A pesar de que a primera vista los datos podrían decir que sí, la realidad es otra, como se argumenta en el libro.

La Comisión Europea declara que, entre 1990 y 2017, las emisiones se habían reducido un 22%, mientras que la economía había hecho un crecimiento del 58%. Pero los datos del Global Carbon Project muestran una diferencia importante entre las emisiones territoriales (las generadas en el mismo territorio) y las de consumo (que contiene las emisiones asociadas a los bienes de consumo importados). En 2018, la UE era culpable de un 9% de las emisiones globales a escala territorial, y de un 12% de consumo. Esto se asocia con la externalización de la producción: la UE multiplicó por más de cuatro las importaciones entre 2002 y 2019 de China, que, en este último año, han representado un 20,5% de las importaciones de la UE. Por lo tanto, no es válido hacer una lectura positiva de los datos si no se tiene en cuenta la responsabilidad exterior de la UE, especialmente ahora, con una economía tan globalizada y externalizada en el Sur global.

Gráfico de Global Carbon Budget (2018) reproducido en el libro 'Pactos verdes en tiempos de pandemias'. / ODG

3. ¿La innovación tecnológica reducirá los impactos en el Sur global?

El Pacto verde europeo tiene la innovación tecnológica como pilar central para lograr la neutralidad climática. Pero este objetivo ignora que la presión extractivista aumentará sobre terceros territorios, especialmente del Sur global (África subsahariana, Sudeste asiático, América Latina, Oceanía y China), tenedores principales de materias primas necesarias para la innovación. Por ejemplo, más del 90% de la pérdida de biodiversidad y de estrés hídrico en estas zonas es fruto de la extracción de materias primas, combustibles y alimentación. Este extractivismo, además, genera una dependencia brutal entre territorios; en 2017, el volumen de bienes importados a la UE era tres veces mayor que los exportados, y la tasa dependencia se situaba en el 23,2%.

La demanda de las energías renovables y tecnológicas de almacenamiento podría exceder las reservas de cobalto, de litio y de níquel, dice Earthworks

Una de las soluciones que propone la UE en clave de transición energética son las energías renovables para seguir creciendo con menos impacto ambiental. Pero esta propuesta no tiene en cuenta los límites biofísicos de las materias primas necesarias para llevarla a cabo: “Producir la misma energía que ahora con renovables a escala global es inviable e indeseable”, apuntaba Pérez en la entrevista en CRÍTIC. El cobalto, el cobre, el litio o el níquel son algunos ejemplos de materiales imprescindibles que han de ser extraídos de otros territorios provocando impactos sociales y medioambientales. El estudio Abastecimiento responsable de minerales para las energías renovables, de la ONG medioambiental Earthworks, de 2019, dice que “la demanda acumulada de las energías renovables y tecnológicas de almacenamiento podría exceder las reservas de cobalto, de litio y de níquel y las haría inviables”.

Fuente: 'Abastecimiento responsable de minerales para las energías renovables', de la ONG Earthworks / ODG

Los impactos sobre las comunidades de extracción no son un futurible, sino una realidad. El mismo estudio de Earthworks recoge como la minería de cobalto puede contaminar con metales pesados el aire, el agua y el suelo. El Atlas Global de Justicia Ambiental, donde participa la Universidad Autónoma de Barcelona, compila 3.310 conflictos socioambientales abiertos a escala global, 648 de los cuales relacionados con la minería. Algunos de los ejemplos vivos que hay son la lucha de los trabajadores en la mina de cobalto en Bouazar (Marruecos), la contaminación de aguas en el Congo por la mina Glencore-Katanga, o las lluvias ácidas y la emisión de dióxido de azufre en Zambia, además de la persecución de activistas medioambientales en todas estas zonas. Según el informe Defender el mañana, de Global Witness, en 2019 se asesinaron 212 activistas, 50 de los cuales, relacionados con la minería, especialmente mujeres.

El teletrabajo supone gasto energético: para mantener nuestros aparatos conectados y la información global disponible en todo el mundo y siempre

En todo ello, tienen un papel fundamental los tratados de comercio e inversión (como el acuerdo UE-Mercosur, firmado con el Vietnam a primeros del 2020; el CETA, entre Canadá y la UE, o la Carta de la energía, firmada por España en 1994) donde las empresas adquieren impunidad gracias a la creación de tribunales privados de arbitraje que permiten esquivar a los tribunales nacionales. Ante esto, las comunidades que defienden los territorios de los que dependen quedan desamparadas. La campaña internacional Stop Corporate Power trabaja para limitar el poder de las transnacionales y hacerlas cumplir los derechos humanos.

4. ¿La digitalización permitirá reducir la contaminación?

La idea del Pacto verde europeo para lograr el desacople absoluto es transitar hacia una economía de servicios con la ayuda de la digitalización y de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Pero, como se ha visto durante la pandemia de la Covid-19, para sostener el teletrabajo y las videollamadas hacen falta recursos. Por un lado, el consumo energético que supone mantener no solo nuestros aparatos conectados, sino toda la información global disponible en todo el mundo y siempre (servidores, antenas, superordenadores, etc.). Por otro, las materias primas que permiten crearla y que han de extraerse de otros territorios.

Consumo de datos y emisiones de CO2 en el mundo, del libro 'Pactos verdes en tiempos de pandemia'. Fuente original: revista 'Opciones' / ODG

La pandemia ha acelerado la digitalización de la economía. Tanto es así, que los mecanismos de recuperación y de resiliencia de la UE para la reconstrucción económica post-Covid-19 dedican un 20% del presupuesto a proyectos de digitalización. Pero, ¿cómo serán estos procesos de digitalización? El estudio El futuro de los trabajos, del Foro Económico Mundial, de 2020, apunta que el 43% de las empresas están preparando una reducción de plantilla por la introducción de la tecnología, un 41% plantea subcontrataciones especializadas y solo un 34% prevé aumentar la plantilla. De hecho, el Pacto verde europeo pone el énfasis en el trabajo tecnificado, especializado y cualificado para una economía competitiva.

Google, Apple, Facebook, Amazon o Microsoft han acumulado 46.000 millones de dólares en beneficios extras durante la pandemia

Y, con todo, ¿dónde quedan los derechos laborales de los y las trabajadoras con la implementación de mecanismos como el teletrabajo? “Más flexibilidad, pero también más disponibilidad 24 horas, más control empresarial y menos poder de negociación colectiva“, alerta el autor del libro. ¿Y quién gana con este proceso acelerado? De momento, las grandes empresas tecnológicas como Google, Apple, Facebook, Amazon o Microsoft, que han acumulado 46.000 millones de dólares en beneficios extras durante la pandemia.

5. ¿Dónde quedan los trabajos reproductivos esenciales, desarrollados especialmente por mujeres?

El estudio del Foro Económico Mundial también pone de manifiesto que con la digitalización habrá un impacto en la división sexual del trabajo porque es un sector donde trabajan especialmente hombres. En el Estado español, según el informe Mujeres y digitalización, del Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad, solo el 2% de mujeres ocupadas lo está en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, ante un 5,7% de hombres, y solo el 8% ocupan lugares técnicos o especializados. En Europa, según el informe de 2020 del Parlamento Europeo Sobre el cierre de la brecha digital de género: participación de la mujer en la economía digital, en 2018 las mujeres que estudiaban TIC eran un 17% y menos del 3% de las adolescentes han manifestado querer estudiarlas. El informe también recoge que las mujeres representan menos del 20% de las profesionales en ciberseguridad.

El Pacto verde no habla de la economía reproductiva ni de los trabajos esenciales como los cuidados, la sanidad o la educación

Ante estos datos, el Pacto verde europeo no parece poner ninguna medida para contrarrestar esta situación. Todavía más: ni el mismo Pacto ni su estrategia de recuperación económica hablan de la economía reproductiva ni de los trabajos esenciales como los cuidados, la sanidad o la educación que tanto se han visibilizado durante esta pandemia. Por lo tanto, en lugar de relocalizar la economía, dar valor a los trabajos de cuidados no remunerados y distribuirlos, reforzar los trabajos esenciales y eliminar los sectores que son nocivos para el planeta, “vuelve a dejar fuera del mercado laboral a las mujeres”, como remarcaba Alfons Pérez en la entrevista de CRÍTIC.

Lo que está claro es que por primera vez la Unión Europea recoge en sus planes de crecimiento económico la voluntad de hacerlo de manera sostenible. Pero la cuestión es cómo se desarrollará y quién se beneficiará de todo esto. Por eso, como remarca Pérez, la vigilancia ciudadana y la organización colectiva para velar por el bien común tienen un papel clave en estos meses y años que vienen.

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