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Entrevistes

Rubén Sánchez “Las eléctricas hacen fraudes continuamente y nadie actúa”

Rubén Sánchez (Sevilla, 1974) es el portavoz de FACUA, una organización surgida del movimiento vecinal andaluz que agrupa un cuarto de millón de consumidores en todo el Estado. Ha escrito Timocracia: 300 trampas con las que empresas y gobiernos nos toman el pelo, y colabora habitualmente con varios medios. Sánchez es conocido, por otro lado, por sus choques habituales con la derecha en las redes, los medios y los tribunales. Las discusiones se alejan a menudo del ámbito de las compras. En esta entrevista también deja entrever su concepción política del consumo cuando explica que su organización no se dedica solo “a comparar qué coche o qué batidora es mejor”.

21/12/2021 | 06:00

Acabamos de dejar atrás el Black Friday y se acerca la Navidad. ¿Qué pasa realmente con los precios durante estas semanas?

Tanto en Black Friday como en rebajas, el gran problema es el falseo de los descuentos. En muchos casos, o se inventan que han aplicado un descuento a un producto, o bien le suben el precio ayer para volver a bajarlo hoy. Hemos llegado a ver productos subidos de precio durante unas horas de la noche para poder decir a la mañana siguiente que habían aplicado un gran descuento. Eso es fraude, pero aparentemente no hay control ni multas, y si las hay no han trascendido públicamente. En Navidad, muchos productos de alimentación suben de precio, pero eso es legal y tiene sentido desde la perspectiva de la oferta y la demanda.

Muchos anuncios nos proponen comprar productos sin plásticos para cambiar el mundo. ¿Eso es útil? ¿Las elecciones de consumo pueden ser transformadoras?

Cada consumidor decide individualmente y las organizaciones que representamos sus intereses no tenemos la capacidad de cohesión para provocar grandes cambios. Podemos tener cierta influencia en cambios de comportamiento, en darse de baja de ciertas empresas, pero no con un nivel de impacto suficiente. Por ejemplo, nosotros estamos trasladando un mensaje que hay que abandonar al oligopolio eléctrico porque están inflando las tarifas, que hay que darse de baja de las grandes compañías. Pero no cala suficiente como para provocar grandes cambios en el mercado.

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Hace dos años que el ministro de Consumo es un comunista. ¿Qué ha cambiado?

No ha cambiado gran cosa. Si echamos la vista atrás, en protección del consumidor, los cuatro o cinco ministros anteriores tuvieron una labor muy reducida o absolutamente nula. Ha hecho más Alberto Garzón? Claro, pero es que hacer menos era casi imposible. En comparación con la nada es mucho. Más allá de las reformas, no está haciendo un discurso político contra el fraude de los bancos, de las telecos, de las aseguradoras o de las eléctricas. Sí lo hace sobre apuestas y alimentación, y está muy bien. Pero es que está siendo más un ministro de juego y alimentación que de Consumo en general.  

“Garzón está siendo más un ministro de juego y alimentación que de Consumo”

¿Qué cosas concretas han mejorado?

El ministerio se ha dotado de capacidad sancionadora. Es decir, podrá poner multas por los fraudes a los consumidores cuando sean masivos y de escala estatal. Eso es positivo, entra en vigor a inicios del año que viene. Pero tenemos que decir que de las 58 denuncias que hemos enviado al ministerio de este tipo no nos ha contestado casi a ninguna. Aunque todavía no podían multarlas, si podían dirigirse a ellas e instarles a cesar esas prácticas fraudulentas. O podrían haber tomado acciones judiciales. O se podría haber utilizado el altavoz del ministro para denunciarlo públicamente. Pero el ministerio está absolutamente callado. Nueve de cada diez denuncias que hemos presentado no han tenido respuesta. No puede ser que un ministerio de Unidas Podemos no tenga un discurso contra el fraude, lo están desaprovechando

También sois críticos con la propuesta del ministerio sobre atención al cliente.

Es que es nefasta. El ministerio ha copiado el texto de un anteproyecto de la ministra Ana Mato, del Gobierno de Rajoy, que había quedado en un cajón y le han dado algún retoque. No es un texto propio de un ministro de izquierdas. Está hecho a medida de los intereses de las grandes empresas. Ni siquiera se recoge el derecho a ser indemnizado si una empresa no te da respuesta a tus reclamaciones en el plazo que marca la norma. Y el plazo que marca son treinta días. Es un disparate: si te han cortado la luz por un error pueden tardar treinta días sin contestarte. Con esta ley nos hemos llevado una verdadera decepción.

“Nueve de cada diez denuncias que hemos presentado no han tenido respuesta”

¿Vuestra prioridad para lo que queda de legislatura sería cambiar esa propuesta de ley?

Se podrían cambiar muchas leyes, pero antes hace falta el control del mercado. Que los organismos de consumo, también los de las comunidades autónomas, evalúen de verdad las prácticas fraudulentas que se están cometiendo. Y para eso hace falta que tengan presupuesto suficiente, ahora mismo esos presupuestos son muy limitados. El ministerio de consumo necesita un gran cuerpo de inspectores para monitorizar lo que ocurre en el mercado y tomar medidas. Y ese cuerpo de inspectores no existe, solo hay un cuerpo de funcionarios extremadamente reducido, con eso no hay ni para empezar.

¿Entonces nadie controla los abusos del mercado?

No, de forma efectiva no. Son niveles de control muy deficitarios. Por ejemplo, hay algunos avances en obsolescencia programada y el derecho a reparación. Pero si en un teléfono móvil hay un chip que hace que vaya más lento con actualizaciones de software, como hizo Apple con los iPhone… No tenemos ninguna administración con técnicos, laboratorios y expertos que lo puedan detectar. Es imposible, no están capacitadas, porque no hay técnicos que investiguen esos fraudes. Y encima cuando nosotros detectamos uno de esos fraudes las administraciones no actúan. Estamos a años luz de lo que sería necesario para tener de verdad administraciones con capacidad de control de los derechos de los consumidores. Hay que aumentar exponencialmente el cuerpo de inspectores. 

Foto: BEATRIZ V. ÁVILA
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¿El plan sería tener un cuerpo de trabajadores públicos equivalente a la Inspección de Trabajo o la de Hacienda?

Cuantos más inspectores de Hacienda hay, más fraude se detecta, y más recauda el Estado. Los sueldos de los inspectores de Hacienda se pagan solos, lo mismo con los inspectores de trabajo, y lo mismo pasaría con los inspectores de consumo y los fraudes. Pero hay una especie de política de no molestar demasiado a las grandes corporaciones, tanto en las comunidades autónomas como en el Estado.

Ponme un ejemplo de como funcionaría.

Las cláusulas suelo, que representaron un beneficio ilícito miles de millones euros para los bancos. Imagina que las administraciones autonómicas hubiesen observado el impacto y la jurisprudencia y hubieran establecido una multa de tres veces el dinero defraudado, proactivamente. Antes de empezar, la banca ya habría devuelto todo el dinero a todo el mundo sin obligar a todas las víctimas a ir a procesos larguísimos en los tribunales. Las administraciones no fomentan que los consumidores denuncien, ni sancionan de oficio con la cuantía óptima.

“No se da importancia a los millones que roban las grandes empresas cada día a los ciudadanos”

Si es tan positivo para todos, ¿por qué no pasa?

Eso es una visión política sobre como se gobierna el país, una visión en que no se da importancia a los millones que roban las grandes empresas cada día a los ciudadanos. Y no es una visión política de izquierdas. Si este tema se tomara esto en serio, el país sería muy distinto: habría mucha más masa de ahorro, muchos productos serían más baratos, habría más nivel de competencia real. Es un tema de modelo de sociedad, de qué intereses se priorizan. 

¿Cuáles son los fraudes más habituales? ¿Qué empresas los cometen?

Lo más habitual es en el sector de las telecomunicaciones, la banca, la energía… pero con la pandemia han aumentado mucho los fraudes en la aviación. Las aerolíneas se negaron a devolver el dinero a millones de pasajeros por vuelos que se habían cancelado. Se ha permitido al sector aéreo que se quede con dinero ilícito de personas, a las que les han dado un bono para viajar más tarde.

¿En España hay cárteles, pactos de subir precios entre grandes empresas?

Claro. Ahí sí que hay la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) detectando algunos casos, aunque también está bastante limitada en número de inspectores. Lo que pasa en esos casos es que se condena a los consumidores a batallar en los tribunales contra las empresas para que nos devuelvan el dinero. Ahora estamos trabajando el caso de los más de veinte fabricantes de automóviles que inflaron el precio entre 2006 y 2013. Eso da derecho a los que compraron coches nuevos entonces a que les devuelvan varios miles de euros.

En Italia acaban de multar a Amazon con 1.128 millones de euros por abusar de su poder de mercado. ¿Podría pasar en España?

No. Porque en España no se están aplicando sanciones elevadas. Podría ocurrir lo mismo, se podrían aplicar multas, pero las cuantías que vemos en España por parte de competencia están muy por debajo de esos importes. Hay que revisar la norma para que las cifras de las multas sean más elevadas. La norma de hecho ya contempla que se pueda multar con un porcentaje de los beneficios anuales.

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¿Ahora mismo sale a cuenta saltarse las leyes de protección al consumidor?  

Sí, siempre sale a cuenta. En todos los casos de cárteles que han sido multados, ha salido a cuenta haber cometido esas prácticas. En el caso de Amazon en Italia lo desconozco. Nosotros entendemos que cuando en España se multa a un cartel o a una gran empresa por un fraude masivo, casi siempre acaban ganando dinero pese a la sanción. Es como un pequeño peaje que pagan solo cuando se les pilla.

“A las grandes empresas les sale a cuenta saltarse las leyes de protección a los consumidores”

¿Qué podemos hacer para pagar menos en el recibo de la luz?

Cambiar la política. Dijeron que no podían hacer nada, pero después bajaron el IVA. Dijeron que iban a intervenir los beneficios extraordinarios de las eléctricas en miles de millones, y después eso se redujo a solo cientos de millones. Prometieron que al menos iban a igualar los precios de 2018, que ya eran muy elevados, y no va a ser así. Además, las eléctricas están haciendo fraudes continuamente y no se actúa. Llevamos así desde que Aznar liberalizó el sector. 

Concretamente, ¿cuáles son esos fraudes de las eléctricas?

Desde el mes de junio, no emiten millones de facturas porque han sido incapaces de adaptarse al nuevo sistema de tramos horarios, y aquí no pasa nada. Y cuando lo hacen cobran de golpe 6 recibos. Hay otros consumidores a quien se les está cobrando incorrectamente las cantidades, hemos visto facturas de cobros que no tenían nada que ver con la realidad. Denunciamos otra eléctrica, Podo, porque se comprometió a mantener la tarifa invariable un año y al cabo de pocas semanas subió el precio. Tampoco tenemos respuesta de Consumo ni de las comunidades autónomas. Son muchísimas irregularidades.

“Si FACUA se dedicara solo a hacer estudios comparativos de qué batidora es mejor, no tendríamos ataques”

A menudo se comenta que la lucha contra la emergencia climática implica subir precios a los carburantes o a los vuelos de avión, impidiendo que muchos consumidores puedan acceder. ¿Estás de acuerdo?

No hay que encarecer los precios de los productos, sino hacer que las empresas paguen por contaminar. Si esos impuestos se repercuten al precio, las empresas contaminarán igual pero el consumidor habrá pagado el pato. Otra cosa es limitar directamente el nivel de contaminación. Por ejemplo, prohibir los vehículos de diésel no es lo mismo que pagar por usarlos. No sé si estaría de acuerdo, porque se perjudicaría a quién no puede cambiarse el coche, pero es distinto que un impuesto. En aviación, hay que prohibir directamente ciertos niveles de contaminación para que eso no genere más desigualdad.

Te has caracterizado por opinar de muchas cosas no relacionadas con el consumo, y por ello has tenido fuertes choques e incluso denuncias de la extrema derecha. ¿Es eso compatible con tu papel de defensor del consumidor?

¿Por qué no me voy a posicionar como ciudadano ante cosas tan graves como lo del juez y la sentencia contra Juana Rivas? Más allá de eso, hablando de FACUA como organización, es verdad que si nos dedicáramos exclusivamente a hacer estudios comparativos de qué coche o batidora es mejor no tendríamos ataques. Si cuestionamos determinadas prácticas y ponemos el dedo en la llaga, eso sí provoca crítica. Recibimos más ataques cuando más entramos en el discurso político.

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