05/12/2021 | 06:00
Empieza el día cuando llegamos a los invernaderos de Níjar, al este de la provincia de Almería. Nos acompaña Miguel Carmona, responsable de comunicación del Sindicato de Obreros del Campo – Sindicato Andaluz de Trabajadores (SOC-SAT). Quizás influye la luz de este momento, pero el paisaje es apocalíptico, como sacado de una secuencia de estas series distópicas tan de moda últimamente. Pienso que ya no hace falta ir al cine: tenemos el terror en casa. Los recuerdos que teníamos de Níjar eran agradables: su cerámica, sus desiertos, sus playas salvajes y paradisíacas, su parque natural… Esto ya es historia. Hoy Níjar es también un mar de plástico, como lo es todo el Campo de Dalías, la comarca natural más en el oeste que agrupa los municipios de Dalías, Berja, El Ejido, Adra, Vícar, La Mojonera o Roquetas de Mar.
El 80% de la producción agraria almeriense se exporta al resto de la Unión Europea
Los invernaderos fueron el gran elemento impulsor de la economía almeriense desde los años sesenta, y generaron un alto nivel de producción para el consumo del Estado español y para la exportación. Un sistema empresarial de compañías relacionadas y de servicios auxiliares que dan trabajo a miles de personas. Muchas de ellas, gradualmente en aumento desde hace décadas, magrebíes, subsaharianas o de Europa del Este.
Tomate, pimiento, berenjena, calabacín, melón, sandía, pepino, rosas, crisantemos o plantas ornamentales son algunos de los productos que nacen en estas ricas tierras. Incluso existe un tomate con denominación de origen, el “tomate de La Cañada-Níjar”. De todos estos cultivos, el 80% de la producción se exporta al resto de la Unión Europea.
Miguel nos comenta que este es el primero de los tres asentamientos que visitaremos: “Se llama Walili y se quemó en verano. Su nombre real es el del cortijo al cual pertenece, Los Nietos. Después iremos al de Casillas de Atochares. Y, finalmente, a Don Domingo”. El 25 de octubre pasado, al asentamiento de Don Domingo de Atochares, en Níjar, hubo un nuevo incendio. Es el quinto que se produce en la comarca en los últimos meses. Quemaron unas 80 viviendas y se calcula que hubo unos 20 heridos, que fueron evacuados por la Cruz Roja. Las viviendas quemadas estaban construidas con madera y plástico. Me dice que la situación en los llamados campamentos de trabajadores es siempre la misma: “Aquí todo son trabajadores del campo, unos con más papeles y otros con menos, como los que vienen de Ghana, que están en Atochares y tienen una situación más irregular. Es lo mismo que sucedía antes con los antiguos jornaleros: gente a la cual se contrata por día de trabajo y así se les paga, normalmente la mitad del salario legal”.
Últimamente, en los asentamientos de Níjar se puede ver trabajando a hombres marroquíes, subsaharianos y casi ninguno de Europa del Este, puesto que ellos ya disfrutan de una legalidad laboral y no necesitan permisos. En cambio, cuando se trabaja en los llamados manipulados, sí que hay muchas mujeres de esa zona.
Sin agua potable, ni electricidad ni sanitarios
En los poblados de Níjar viven hombres jóvenes que vienen a trabajar y no piensan en nada más, puesto que a final de mes tienen que enviar sus 100 o 200 euros a las familias de sus países de origen. Las condiciones en que transcurre la vida de los trabajadores en estos asentamientos es insalubre, porque no hay agua potable, ni electricidad ni sanitarios. A través de los sindicatos y de algunas organizaciones, se les ha podido ayudar de alguna manera. Pero, de hecho, la noticia de los incendios que han sufrido los campamentos ha tenido de momento una nula respuesta institucional. El último, el 25 de octubre pasado: un incendio en el poblado de Atochares quemó dos barracas y causó dos heridos. No era la primera vez: este 2021 también hubo incendios en febrero y en junio. Los únicos que recibieron alguna ayuda, según explican desde el SOC, fueron las familias con hijos.
La patronal no reconoce ni la jornada laboral ni el salario mínimo interprofesional
Ante nuestra curiosidad por la relación de los trabajadores con la población autóctona, Miguel se muestra categórico: “Es prácticamente nula. Existe un racismo o marginación institucional y política. Los incendios de este año son una muestra de que Vox y la extrema derecha se han ido adueñando de todo por interés. Ha habido un salto cualitativo que yo he podido observar. No es el mismo un amo zopenco explotador que un señor de extrema derecha con un discurso político racista”.
No quieren a estos trabajadores, pero los utilizan porque los necesitan. Y, además, según el SOC, la patronal no reconoce ni la jornada laboral ni el salario mínimo interprofesional. “Hay una lucha constante para legalizar esta situación”, explica Miguel. “Y últimamente, como han tenido que incrementar el salario mínimo, lo que quieren es que hagan más horas pero sin cobrarlas. El convenio del campo suele ser de 38 horas, y se pretende que trabajen 10 horas más, o las que hagan falta”.
En los asentamientos de Almería viven 7.000 personas, de las cuales 4.000 en los campos de Níjar
I no hablemos de los sueldos, que suelen bordear los 30 euros por una jornada interminable, en la que a menudo tienen que luchar por 20 minutos para comer un bocadillo. En realidad, es un sistema esclavista en pleno siglo XXI. Un sistema de explotación por el que los trabajadores, muy a menudo, llegan a pagar 4.000 o 5.000 euros para que los contraten. Y, como no disponen de vivienda, el Ayuntamiento no empadrona a ninguno, con lo cual los trabajadores no tienen posibilidad de futuro donde viven, porque, para obtener el permiso de residencia, necesitan demostrar una estancia legal de tres años, además de un contrato laboral. Simplemente trabajan, trabajan y trabajan.
En estos momentos, según los recuentos realizados por ONG y sindicatos, hay 7.000 personas que viven en los asentamientos de Almería, de las cuales 4.000 concentradas en los campos de Níjar, zona donde hay casi 40 asentamientos, mayoritariamente en lugares alejados e inaccesibles con transporte público.
Europa no está ni se la espera
Las instituciones europeas no acaban de enterarse de lo que pasa en los campos almerienses. Y las nuevas normativas, a cargo de la Política Agrícola Común (PAC), no han introducido totalmente las relaciones laborales con unos mínimos para los trabajadores. Según nos comenta Carmona, está previsto que la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo estudie esta situación.
No se puede permitir esta situación de conculcación de los derechos humanos básicos de un colectivo altamente vulnerable
No todas las personas que trabajan en Níjar, y en los invernaderos almerienses en general, viven en estas condiciones. Después de décadas, muchas familias migrantes que viven de su trabajo en los invernaderos han conseguido tener unas condiciones dignas. Y, en algunos casos, algunas de estas familias se aprovechan de la situación de indefensión de quienes van llegando para sumarse también a la explotación de estas personas.
Pero, de todas maneras, lo que es absolutamente intolerable es que el Estado español y Europa miren hacia otro lado y continúen apoyando económicamente a estas empresas que generan, sin ningún tipo de pudor, esta situación de conculcación de los derechos humanos básicos de un colectivo altamente vulnerable. No se puede permitir y hay que denunciarlo hasta que les caiga la cara de vergüenza a los responsables y a los que lo toleran de forma cómplice.
