¿Cuánto dinero público reciben los grupos antiabortistas?

51 instituciones públicas de todo el Estado español han destinado 7,8 millones de euros entre 2020 y 2024 a subvencionar una red de 50 entidades contrarias al derecho al aborto. Las tres administraciones que han dedicado más recursos a estas entidades están gobernadas por el Partido Popular. La primera es la Comunidad de Madrid, que ha destinado una tercera parte de la financiación global: 2,7 millones de euros. La Junta de Andalucía ha aportado 1,1 millones, y el Ayuntamiento de Madrid, un millón. También han concedido recursos públicos a estas entidades el Gobierno español del PSOE, con Podemos y con Sumar y la Generalitat de Catalunya de Junts y de ERC.

CRÍTIC, con el apoyo de la Associació Drets Sexuals i Reproductius (ADSR), se ha sumergido en la base de datos del Ministerio de Hacienda para identificar qué organizaciones antiabortistas reciben financiación pública. La investigación abraza desde marzo de 2020 hasta abril de 2024. Incluye todo tipo de administraciones, desde el Gobierno español hasta ayuntamientos pequeños. En total, este medio ha localizado 309 ayudas a lo largo de los últimos cuatro años.

La red de entidades Red Madre ha recibido 2,48 millones de euros en ayudas públicas

En este reportaje publicamos una tabla interactiva elaborada por Storydata donde se puede consultar el total de ayudas, así como su distribución territorial. Encabezan el ranking la red de entidades agrupadas bajo la marca Red Madre. Bajo esta marca se agrupa una red de 40 entidades, que han sumado 2,48 millones de euros, repartidos en decenas de subvenciones de administraciones de todo el Estado.

Ayudas públicas que entran en contradicción con la ley

Según denuncia la ADSR, destinar dinero público a entidades antielección contradice la modificación de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva del año 2023. La Ley dice que las administraciones públicas promoverán las entidades sin ánimo de lucro que, desde el movimiento feminista y la sociedad civil, actúen en el ámbito de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos. Quedarán excluidas de ayudas “aquellas organizaciones contrarias al derecho de la interrupción voluntaria del embarazo”.

El Estado español reguló el aborto en 1985, actualizó la normativa en 2010 y en 2022 dio luz verde a la nueva ley. La nueva norma prevé más medidas, como que las jóvenes a partir de 16 años puedan decidir sobre el embarazo sin consentimiento paterno. Pero el acceso al aborto, según denuncia la ADSR, no está garantizado en todas las comunidades autónomas.

Ayuso lidera el ranking de instituciones que más subvencionan

Entre marzo de 2020 y abril de 2024, la Comunidad de Madrid lidera el ranking de las instituciones que han invertido más recursos a financiar entidades antiabortistas. Ha destinado 2.734.683 euros, más que cualquier otra, incluyendo el Gobierno español. La segunda institución es el gobierno autonómico de Andalucía, también bajo control del PP. Y, en cuanto a comunidades autónomas, Galicia, también del PP, es la tercera, con 657.113 euros.

Si miramos al por menor, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid es la administración que más ha financiado las entidades antielección. A continuación, está el Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e igualdad del Ayuntamiento de Madrid, con José Luis Martínez-Almeida (PP) de alcalde.

La Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia, ambas del PP, figuran entre las administraciones que más subvencionan

Pero el apoyo del PP a las entidades antielección no se limita a Madrid. La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e igualdad de la Junta de Andalucía, presidida por el también popular Juan Manuel Moreno Bonilla, ocupa el tercer lugar. La Consejería de Salud y Consumo de la misma Junta de Andalucía figura en el cuarto lugar. Y, en el quinto, la Consejería de Promoción de Ocupación e Igualdad de la Xunta de Galicia, con la presidencia de Alfonso Rueda Valenzuela, del PP.

El conjunto de asociaciones en torno a la Fundación Red Madre son las que han recibido más financiación y más número de subvenciones. En total, 2.485.188 de euros en 146 ayudas diferentes. La sede central de la Fundación está en Madrid, pero existe una red de 40 asociaciones Red Madre locales en todo España, cada una con su propio NIF. Esto los permite acogerse a convocatorias locales o autonómicas. Así, han recibido financiación pública tanto autonómica como local de municipios como Sevilla, Madrid, Alicante, A Coruña, Zaragoza, Murcia, Salamanca, Toledo, Valladolid u Ourense, entre otros.

Antiaborto en Cataluña: el papel de la Fundación Pro Vida

Tal como ya señaló una investigación de CRÍTIC sobre el lobby contra el aborto en Cataluña, la entidad de referencia catalana antielección es la Fundación Pro Vida de Cataluña. Esta Fundación ha recibido año tras año financiación pública por parte del Departament de Drets Socials de la Generalitat. Entre 2020 y 2023, ha recibido 71.906 euros, con Chakir El Homrani (ERC), Violant Cervera (Junts) y Carles Campuzano (independiente nombrado por ERC), consecutivamente, al frente de la Consejería.

La Fundación Pro Vida Cataluña forma parte del Foro Español de la Familia y de la Plataforma Sí a la Vida. También de One of Us, una federación que une cerca de 40 organizaciones antiabortistas y conservadoras de la Unión Europea. Fue una de las tres entidades que financiaron la creación de esta organización europea en 2012. El director general de One of Us es Jaime Mayor Oreja, exministro del Interior español con el Gobierno de Aznar, entre otros cargos políticos. Algunas organizaciones que forman parte de la federación son el Foro Español de la Familia, Hazte Oír, Citizens Go y también la Fundación Red Madre.

Ayudas del Gobierno español, incluyendo ministerios de Podemos

Las instituciones que han financiado estas entidades no solo están gobernadas por la derecha. También les ha dado ayudas el Gobierno español del PSOE, Unidas Podemos y Sumar. Lo ha hecho, sin embargo, en una proporción mucho menor. En total, los gobiernos de Sánchez han destinado 588.516 euros de su presupuesto a financiar seis entidades antielección: la Fundación Red Madre, la Fundación Madrina, la Asociación Marillac – Hijas de Caridad, el Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia – The Family Watch, la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria – provida, y la Asociación provida Alcalá de Henares.

La financiación ha provenido también de ministerios controlados por el espacio de Podemos. El Ministerio de Igualdad, encabezado por Irene Montero, dio el octubre de 2023 una subvención de 54.824 euros a la Fundación Red Madre. También han dado subvenciones el Ministerio de Derechos Sociales, que en el periodo analizado encabezaron Pablo Iglesias y Ione Belarra, de Podemos. Así mismo, han destinado recursos el Ministerio de Asuntos exteriores y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, bajo control del PSOE.

¿Cómo funciona el entramado de la Red Madre?

Las entidades agrupadas bajo la marca Red Madre son las que han recibido más dinero público en global: 2,48 millones en total. ¿Pero cómo funciona este entramado?

La Fundación Red Madre se constituyó en 2007 para impulsar una serie de iniciativas legislativas populares (ILP) en todo el Estado. Hay siete comunidades autónomas que tienen aprobadas las llamadas leyes Red Madre, en el marco de las cuales todavía es más sencillo conseguir financiación pública. Son Castilla y León, desde el año 2008; la Región de Murcia, desde 2009; Canarias, Castilla – la Mancha y Galicia, desde 2010; la Comunidad de Madrid, desde 2011, y La Rioja, desde 2012. Las entidades Red Madre presentan proyectos de ley donde afirman que “España, como Estado social, tiene que contribuir a través de medidas activas a hacer que el aborto desaparezca”.

Sílvia Aldavert, directora de la Associació Drets Sexuals i Reproductius, explica que “las organizaciones antielección, denominadas tradicionalmente provida, están muy significadas. Se sitúa rápidamente cuáles son realmente sus ámbitos de actuación. En cambio, con la Red Madre esto no pasa porque se conoce menos, pero el nivel de incidencia local que tienen es muy grande”. Según Aldavert, “siguen una lógica de incidencia política básica, pero la cuestión es que trabajan en contra de los derechos fundamentales”.

¿Por qué reciben dinero público las entidades antiabortistas? “El motivo es que no todas las convocatorias de subvenciones públicas recogen en sus bases el requisito de tener una perspectiva de derechos humanos. Tras los discursos oficiales de estas entidades de proteger y acompañar las maternidades, cumplen los requisitos legales para poder aplicar a las subvenciones”, explica Aldavert.

Patronato vinculado a la derecha y a la extrema derecha

Las leyes Red Madre fueron una iniciativa en 2006 del Foro Español de la Familia (FEF). Esta red de entidades organiza movilizaciones para exigir la derogación de la ley del aborto y también de la ley de la eutanasia. El director general del Foro es Ignacio García-Juliá, que fue miembro del ejecutivo de la organización de extrema derecha Hazte Oír.

La Fundación forma parte de la Plataforma Sí a la Vida, una red de entidades que organizan anualmente la Marcha Sí a la Vida. “Celebramos no solo el derecho a nacer de los concebidos, sino también el respeto a la vida de todo ser humano desde su concepción”, exponen.

En el patronato de Red Madre participan nombres significados asociados con la derecha y la extrema derecha. Benigno Blanco Rodríguez, que forma parte del patronato de la Red Madre, es expresidente del Foro Español de la Familia. Durante ocho años fue secretario de Estado en los gobiernos de José María Aznar. El secretario de la Fundación es Gonzalo Castañeda Pérez, que fue vocal del primer directorio del Partido Familia y Vida (PFyV). Este partido político, fundado en 2002, de inspiración cristiana, conservadora y antiabortista, se presentó en coalición con Vox en 2015 a las elecciones municipales.

Quién es quien en el entramado de entidades contra el aborto

Más allá de la Red Madre, la Fundación Madrina ha recibido 2,2 millones de euros, provenientes de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, y también por parte del Ministerio para la Transformación Digital. Se define como una organización dedicada “a la asistencia y ayuda a colectivos en riesgo de exclusión social en el ámbito de la infancia, mujer y maternidad”. Pero el fundador y presidente de la entidad, Conrado Giménez Agrela, participa en las concentraciones antiabortistas Ambulancia Vida ante la Clínica Dator de Madrid. Este centro es la primera clínica española que recibió la autorización para practicar interrupciones voluntarias del embarazo.

La Asociación Marillac – Hijas de Caridad, dirigida y coordinada por la Compañía de las Hijas de Caridad, ha recibido 1.075.615 euros. Los recursos provienen del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno español, de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Castilla – la Mancha, del Ayuntamiento y la Diputación de Salamanca y de la Diputación de Toledo.

El Centro de Orientación Familiar (COF) de la Diócesis de León ha sido subvencionado con 318.764 euros, repartidos entre la Comunidad de Castilla y León, y la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de León. La Asociación Ayuda en la Vida – AYUVI, bajo el lema “La maternidad es un bien universal”, ha recibido 224.563 euros por parte del Ayuntamiento de Vigo, de la Diputación de Pontevedra y de la Xunta de Galicia. AYUVI pertenece a la Federación Española de Asociaciones Provida y forma parte de la Plataforma Sí a la Vida.

Vaciado y metodología de trabajo

Para elaborar este reportaje, se ha llevado a cabo un vaciado de la base de datos del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas del Ministerio de Hacienda. Solo se han tenido en cuenta entidades que, según la investigación de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius y CRÍTIC a partir de la información pública disponible, tienen entre sus objetivos centrales hacer proselitismo en contra del derecho al aborto. No se considera aquella financiación que han recibido otras organizaciones, centros educativos o de investigación que colaboran con las autodenominadas entidades “provida”, pero cuyo ámbito de actuación es más amplio. La mayor parte de las ayudas han sido concedidas en el marco de convocatorias ordinarias.