13/07/2022 | 06:00
Según un informe de Intermón Oxfam y el Stockholm Environment Institute (SEI), el 1% más rico del planeta contamina más que el 50% más pobre y para revertir esta tendencia y alcanzar la neutralidad climática, deberían ser los países enriquecidos quienes redujeran su consumo en un 97%. Si bien en países del Norte Global algunas multinacionales impulsan programas de sostenibilidad de cara a sus consumidores, en las regiones del Sur instalan centros de fabricación y extracción que no siguen criterios medioambientales ni sociales. Ante esta realidad, muchas comunidades locales ya hace tiempo que se organizan para defenderse de los grandes proyectos empresariales que quieren quitarles las tierras y los recursos, como está pasando en diversas zonas de Guatemala como Champerico, Ixquisis, San Pedro Ayampuc y San José del Golfo.
Farmamundi, una ONG de cooperación y acción comunitaria, en el marco de un programa de defensoras del territorio financiado por la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, ha promovido la gira de incidencia Defensa colectiva por la vida: desafíos que enfrentan las mujeres defensoras del territorio en Centroamérica por el Estado español. En ella, han participado siete defensoras de derechos humanos de Guatemala y El Salvador para dar visibilidad a las luchas de áreas afectadas por grandes proyectos extractivos y de producción. El objetivo ha sido denunciar los impactos que los grandes planes de multinacionales están generando sobre el territorio y también reivindicar la criminalización que reciben las activistas, muchas de ellas mujeres indígenas que han recibido amenazas y agresiones por proteger su territorio. De hecho, se calcula que, en 2019, Guatemala fue el quinto país de América con más personas defensoras de derechos humanos asesinadas. La Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de ese país registró en el primer semestre de 2021 hasta cinco asesinatos y 551 agresiones.
“Los mecanismos de protección de derechos ya no existen: el deterioro de Guatemala refleja la total ausencia del Estado”, afirman desde Protection International
Guatemala, un Estado contra los activistas
Guatemala se encuentra en esta situación desde 2017, después que las élites políticas, económicas y sociales del país recuperaron instituciones estatales clave como el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. En 2015, estas élites fueron retiradas de las instituciones cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala llevó a los tribunales hasta 90 casos de corrupción de miembros de organismos públicos vinculados a estructuras de crimen organizado, pero al volver al poder, lo hicieron con estrategias de represión contra personas y defensores de derechos humanos. “Están realizando una estrategia de regresión autoritaria compuesta por un grupo oligarca del país, que frena todos los avances en materia de derechos humanos. Los mecanismos de protección de derechos ya no existen ni estan reconocidos por el estado, el deterioro de la población en Guatemala refleja la total ausencia del Estado”, exponen desde Protection International, una organización sin ánimo de lucro que protege a defensoras de derechos humanos. Elisabeth Llamas, responsable de incidencia del programa de defensoras de derechos humanos de Farmamundi, señala que, en las últimas décadas, “la crisis de los sistemas económicos viene acompañada de represión de las protestas y de recortes en derechos humanos a escala global, y eso brinda impunidad a los grupos antiderechos”.
Exponemos tres casos de defensa del territorio en Guatemala con la voz de defensoras de derechos humanos y del medio ambiente.
1. Champerico y la lucha contra la agroindustria
En la costa del sur de Guatemala se encuentra el municipio de Champerico, que vive desde hace años la expansión de la agroindustria en torno a los cultivos de la caña de azúcar y la palma de aceite, muchos de ellos controlados por el Grupo Hame. Este grupo empresarial se presenta en su web como un proyecto que “contribuye de forma directa al desarrollo de su país” y que “cuida la naturaleza manteniendo el equilibrio con nuestro entorno”. Pero esto no es lo que percibe la población local, muchos de ellos de ascendencia indígena de Maya Kiché, Maya Mam y Maya Ixil: “Su actividad no es sostenible ni ayuda al medio ambiente o a la población del área de Champerico, más bien al contrario, les afecta”, afirma K.T., una defensora medioambiental y de derechos humanos del municipio que prefiere esconder su nombre por temor a represalias.
“El Gobierno apoya más a las empresas extranjeras que a la población”, comenta la defensora medioambiental K.T.
Según relata la activista, uno de los grandes impactos que han generado las empresas azucareras del Grupo Hame es el medioambiental: “Han acaparado tierras, han destruido ríos porque utilizan motores para extraer el agua y seguir produciendo. Esto genera que mucha gente no pueda arrendar tierras para plantar productos básicos como el arroz o el maíz y terminan en una situación de pobreza extrema”. Sin embargo, la problemática del acceso a las tierras no es nuevo en Guatemala, hace años que las empresas acumulan e incluso algunas han construido presas en los ríos. “El Gobierno apoya más a las empresas extranjeras que a la población y el Norte Global hace lo mismo, aceptando los productos que se producen aquí”, se queja K.T.
Las comunidades de Champerico no se han quedado de brazos cruzados ante esta situación provocada por el Grupo Hame y se han organizado para defender su territorio. “Cada mes nos reunimos diferentes comunidades de la zona para ver qué problemáticas hay y qué denuncias debemos hacer“, explica la defensora. Sin embargo, esta lucha les sale cara en forma de represión y criminalización, ya que, dice K.T., “en Guatemala es un crimen defender el agua y la madre tierra, el Gobierno se posiciona junto a las empresas y a través de instituciones demandan a los defensores para que se queden callados”. El resultado es un alud de ataques a las defensoras de derechos humanos de la zona, que se manifiestan y están en contacto con otras zonas de Guatemala afectadas por las grandes multinacionales de la agroindustria.
“Las mujeres de la resistencia nos turnamos para vigilar que los cañeros no vuelvan a tapar los ríos. Desde que logramos que se retiraran, ha aumentado la persecución hacia nosotras. Como los hombres tienen órdenes de captura, nosotras somos quienes vigilamos los ríos, estamos pendientes de la seguridad de todos”, cuenta K.T. Este estado de permanente vigilancia afecta a la salud de las mujeres de la zona, tanto física como emocionalmente, ya que tienen que cargar también con las audiencias de los compañeros encausados, con la crianza de los hijos y con el mantenimiento de la vida comunitaria de Champerico. “Hasta el momento estamos decididas con esta lucha porque el agua es la que da vida, lo que pedimos es que la industria cañera no desvíe los ríos porque de allí dependen nuestras vidas”.
2. Ixquisis y el macroproyecto hídrico Pojom
La microregión de Ixquisis, del municipio de San Mateo Ixtatán (Departamento de Huehuetenango), se ubica en la zona fronteriza de Guatemala con México y en ella habitan unas 5.000 personas, organizadas en 12 comunidades indígenas Maya Chuj y Maya Q’anjob’al dedicadas mayoritariamente a la agricultura. En mayo de 2009 se celebró una consulta comunitaria en la que 25.000 personas se mostraron en contra de establecer proyectos extractivos en la zona. Pero, a los dos años, el Consejo Municipal de San Mateo Ixtatán aprobó tres planes. “El alcalde no respetó la consulta”, denuncia M.B., una defensora de Ixquisis que también prefiere guardar el anonimato. El resultado fue un megaproyecto hidroeléctrico que integra tres fases: Pojom I, Pojom II y San Andrés, las dos últimas, propiedad de la empresa Energía y Renovación (cuyo nombre al iniciar las operaciones era Proyectos de Desarrollo Hídrico S.A.), y con la financiación de varios bancos, principalmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de un préstamo. La constructora que participa, Solel Boneh, había sido investigada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) por financiación ilícita y corrupción.
El movimiento de Resistencia Pacífica de Ixquisis ha denunciado el asesinato de tres activistas
Uno de los problemas más graves que han provocado las hidroeléctricas en el terreno son consecuencia de las represas que se han construido en los ríos, que según la defensora, provocan falta de agua para el consumo humano y para las plantaciones, una escasez que repercute en la pobreza de las comunidades mayas que viven allí y en su estilo de vida tradicional. Todo esto tiene un impacto mayor en las mujeres de la zona, quienes sufren afectaciones en la piel y en el estómago a causa de limpiar en el agua contaminada de los ríos y quienes reciben acoso por parte de los trabajadores de la hidroeléctrica.
M.B. comenta que los proyectos hidroeléctricos, que por el momento están parados, han provocado mucha violencia, divisiones familiares y de líderes comunitarios y agresiones. De hecho, el movimiento de Resistencia Pacífica de Ixquisis ha denunciado públicamente el asesinato de tres activistas que, según ella, “han quedado impunes”. Según Global Witness, el 90% de este tipo de asesinatos en Guatemala siguen impunes y “el Estado, en lugar de garantizar condiciones seguras para el ejercicio del derecho a defender derechos, ha ido desmontando la institucionalización para la protección de aquellos que defienden derechos”.
La criminalización de las defensoras del territorio de Ixquisis también incluye la vigilancia y el seguimiento de los miembros de la comunidad, amenazas, intimidación, difamación y estigmatización de las defensoras de derechos humanos que se han opuesto al megaproyecto hidroeléctrico. Según explica un testigo que también quiere preservar su anonimato recogido por la ONG Protection International sobre el terreno, “hay algunos heridos de balas por simpatizantes de la empresa hidroeléctrica, ya que ésta les envía escopetas para que nos intimiden disparando por la noche, porque no defendemos la tierra y la vida”. M.B. también denuncia que actualmente existen más de 100 órdenes de captura de líderes y defensoras de derechos humanos en torno a este caso.
“Los años de violencia y ruptura del tejido social aún siguen latentes en las comunidades”
La última actualización en relación con esta lucha es la retirada de financiación que el Banco Interamericano de Desarrollo ofrecía al proyecto hidroeléctrico, que sumaba 13 millones de dólares, a petición de la población indígena organizada, que en 2018 interpuso una queja ante un mecanismo independiente del mismo banco para investigar el impacto del plan en la población y terreno. El informe emitido recomendó al Banco retirar la inversión porque el proyecto hidroeléctrico iba en contra de las políticas internas de sostenibilidad ambiental y de los pueblos que conviven en la zona. Aun así, para la resistencia de Ixquisis el proceso sigue porque “los años de violencia y ruptura del tejido social aún siguen latentes en las comunidades”, apuntan desde Protection International.
3. La Resistencia Pacífica de La Puya y el proyecto minero “Progreso VII derivada”
Otro ámbito que está afectando a Guatemala es la extracción minera. En San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, en la zona del noroeste del departamento central del país, en 2010 se estableció el proyecto minero de oro y plata “Progreso VII derivada”, liderado por la empresa estadounidense Kappes Cassiday & Associates. Según explica la defensora de derechos humanos de la zona G.S., que quiere mantener el anonimato, “la empresa minera ha producido impactos negativos desde su instalación, tanto en el territorio como en las comunidades, alterando las formas de convivencia a partir de la división de comunidades a favor y en contra del proyecto”. A nivel ambiental, una de las principales consecuencias es la afectación en la calidad del agua, que ya presenta altos niveles de arsénico por encima de los permitidos por las autoridades de salud. La defensora comenta que las 12 comunidades de la zona afectada por el proyecto minero se encuentran en un área con escasez de agua y que las grandes cantidades que se necesitan para una mina dejarían sin agua a los trabajadores que se dedican a la agricultura.
Ante estas consecuencias, los vecinos de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc reclaman que se realice un estudio del impacto ambiental que no esté elaborado por la propia empresa, así como una consulta libre e informada a los pueblos originarios para decidir sobre el proyecto minero en la zona, tal como establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Derechos de los Pueblos Originarios. Paralelamente a estas demandas, la llamada Resistencia Pacífica de La Puya ya ha llevado a cabo diversas acciones no violentas en contra de “Progreso VII derivada”. Por ejemplo, en 2012 bloquearon la entrada en la mina y fueron desalojados en 2014 con un “uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía”, según informaba la organización Peace Brigades International. .
La defensora G.S. explica que la empresa utiliza a los trabajadores para hacer denuncias infundadas y provocar estigmatización
Como en los demás casos de defensa del territorio, los activistas han recibido amenazas e intentos de asesinato, pero también violencia judicial para “infundir miedo” y campañas de difamación por parte de la empresa. Según relata G.S., una de las estrategias de la empresa minera es utilizar a los trabajadores para hacer denuncias infundadas y provocar estigmatización para denigrar la integridad de las defensoras de derechos humanos, muchas veces de carácter machista. Como en los casos de Champerico e Ixquisis, la defensora de Puya también considera que el Estado de Guatemala es cómplice de las multinacionales y no protege a los ciudadanos afectados por sus grandes proyectos extractivistas. “El denominador común en contra de los derechos humanos continúa su curso. Ese incremento de violencia política agrega violencia a la población”, opinan desde Protection International.
En 2016 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó que la autorización del proyecto minero en La Puya violaba los derechos de los pobladores al no haberse efectuado ninguna consulta popular. Así, se ordenó la suspensión temporal de la explotación. Los miembros de La Puya siguen batallando para el cierre definitivo de la mina, para la consulta comunitaria y para sensibilizar a la población. Recientemente, la Resistencia Pacífica de La Puya ha empezado otro capítulo. La empresa que gestiona las minas, Kappes Cassiday & Associates, ha iniciado un arbitraje contra el Estado de Guatemala basado en el tratado de libre comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos, que garantiza seguridad jurídica a inversiones extranjeras y les proporciona privilegios, fomentando un “modelo económico que se contrapone con la autodeterminación y formas de vida de las poblaciones afectadas por estos proyectos”, opina La Puya en su web. Ante esta situación, la comunidad se está organizando para formar alianzas y hacer escuchar su voz en un procedimiento legal que no tiene en cuenta las poblaciones locales que sufren los efectos de los proyectos mineros de inversión extranjera instalados en el territorio.
Según Llamas de Farmamundi, a medida que se acrecienta la crisis climática y con el argumento de la necesidad de pasar a un modelo energético sostenible, también aumenta la criminalización y persecución que reciben las defensoras del territorio y del medioambiente. La financiación de proyectos extractivos, dice, proviene de capitales del norte global, por ejemplo, de bancos internacionales que reciben fondos de países europeos. “Todas estamos implicadas en la perpetuación de estas situaciones de vulneración de derechos y destrucción del medioambiente, debemos pedir transparencia y responsabilidad en la gestión de nuestros impuestos y movilizarnos para exigir obligaciones a las administraciones públicas y a las empresas para que sus acciones respondan a los derechos humanos y a la justicia ambiental”, afirma. Para conseguir un cambio al respecto, 18 entidades catalanas agrupadas en Lafede.cat y la Taula per Colòmbia -con el apoyo de más de 8.000 entidades sociales, sindicatos y cooperativas-, están trabajando para que la Generalitat cree el Centre Català d’Empresa i Drets Humans, un centro público que garantice que toda empresa que opera en Catalunya o que ofrece servicios a cualquier administración pública catalana cumpla escrupulosamente con el respeto a los derechos humanos, tanto en territorio catalán como en el exterior. El Parlament se ha posicionado a favor hasta en tres ocasiones y ahora está en proceso de tramitación.
