Energía limpia en territorios ocupados: así funciona el ‘greenwashing’ en Israel

En el soleado Valle del Jordán, que pertenece a la Cisjordania ocupada, se concentra la mayoría de las instalaciones de energía solar y fotovoltaica explotadas por Israel. La mayor parte del suministro que se obtiene de ellas va a cubrir las necesidades energéticas de los asentamientos colonos e industriales próximos. Por el contrario, la inmensa mayoría de la población palestina que vive a pocos kilómetros de los inmensos campos solares no solo tiene vedada la conexión a la red eléctrica general, sino que, además, está castigada y se expone a la confiscación de sus bienes o la demolición de su vivienda si coloca en sus tejados las placas solares que les envían las ONG europeas, según denuncia la ONG palestina Al-Haq.

La limpieza étnica que lleva a cabo Israel en Gaza y la destrucción de la mayoría de las infraestructuras de la franja en el actual ataque, que dura desde el 7 de octubre pasado y ha provocado ya más de 11.000 muertos, ha vuelto a hacer visibles no solo las peores consecuencias de la ocupación para la población palestina, sino también las privaciones cotidianas que enfrenta, como por ejemplo la falta de acceso a la tierra, el agua y la energía. A la vez, ha vuelto a poner el foco en las complicidades empresariales y financieras con el régimen de expolio que mantiene Israel y que han denunciado organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch o la campaña internacional por el Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra Israel.

Los campos de energías renovables que ocupan miles de hectáreas en el Valle del Jordán y en el territorio en disputa del desierto del Naqab (en árabe) o Néguev (en hebreo) —que representa el 60% de la Palestina histórica— son proyectados, construidos y proveídos por un complejo ecosistema de empresas israelíes y filiales de transnacionales chinas, norteamericanas y europeas. Unas ramificaciones que se trasladan, también, a la financiación que reciben estos proyectos para salir adelante y que provienen de fondos de inversión, entidades bancarias y aseguradoras israelíes, pero también españolas y catalanas, entre otras. Un informe publicado recientemente por el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE) e impulsado por la entidad Finançament Ètic i Solidari (FETS), analiza los vínculos de las grandes entidades bancarias, aseguradoras y fondos financieros del Estado español con los campos solares israelíes, así como con las empresas que los operan o que han participado como proveedoras.

Bonos verdes y créditos para suministrar energía a los asentamientos colonos

El apoyo financiero a proyectos de energías renovables se materializa en forma de financiación directa a través de créditos y préstamos sindicados o mancomunados a empresas o proyectos concretos, de forma más indirecta mediante inversiones bursátiles y gestión de activos o con los llamados préstamos verdes, condicionados a iniciativas consideradas sostenibles o con impacto medioambiental. “En el caso de las entidades españolas, los dos bancos con un vínculo más estrecho con proyectos solares en Territorios Ocupados Palestinos son el Banco Santander y el BBVA, a pesar de que otros, como CaixaBank, Banco Sabadell, Ibercaja o Bankia, así como aseguradoras como Catalana Occidente, también participan. La inversión extranjera es imprescindible porque estos campos solares se puedan poner en funcionamiento”, asegura Felip Daza, uno de los autores del informe.

El Jordan Valley Project es la instalación solar más grande de Cisjordania y se ha construido en tierras palestinas confiscadas

Una de las instalaciones más controvertidas en este sentido es el Jordan Valley Project, con una extensión de más de tres kilómetros cuadrados y que será la mayor instalación solar de la Cisjordania ocupada una vez se conecte a la red eléctrica de Israel, previsiblemente en 2024. La compañía TeraLight, promotora del proyecto, llegó a un acuerdo con 12 asentamientos colonos por el derecho de uso de los terrenos por un periodo de casi 25 años, a cambio de una tarifa plana de energía. “Pero son tierras que previamente han sido confiscadas a quienes las habitaba y trabajaba, por lo tanto, el beneficio económico que se extrae es a expensas de la desposesión de la población palestina y la vulneración del derecho internacional”, señala Daza.

A lo largo de los últimos años, el Banco Santander ha financiado empresas que participan en el Jordan Valley Project, como la canadiense-china Canadian Solar, fabricante de módulos fotovoltaicos y proveedor de soluciones de energía solar. La empresa cerró, en 2021, un crédito por valor de 50 millones de dólares con el banco español, orientado específicamente a la expansión de los proyectos de Canadian Solar en territorios como el Oriente Medio. La compañía también aparece en la cartera de inversiones de las gestoras españolas Gesiuris Asset Management y Andbank Wealth Management. El mismo año, el Banco Santander lideró dos tramos de avales (uno de 254 millones de euros y otro de 266 millones) a la empresa asturiana TSK, conocida por su participación en la construcción de una central termosolar en el Naqab/Néguev, junto con la israelí Neguev Energy y el fondo de inversión Noy Fund. En esta operación financiera mancomunada también participaron Abanca, BBVA, Sabadell, Bankinter, CaixaBank, Cajamar, Unicaja y el Instituto de Crédito Oficial español.

Varias de estas entidades otorgaron, a su vez, en 2018, un préstamo sindicato de 100 millones de euros, liderado —de nuevo— por el Banco Santander a la proveedora española Soltec Energías Renovables, en el marco de un proceso de internacionalización. Soltec con sede en Molina de Segura (Murcia), ha suministrado material a proyectos como el de Timna Valley, en asociación con Shikun & Binui Energy, y a dos campos más en el sur del Naqab/Néguev, Bnei Shimon y Merhavim (este último en construcción). En 2021, la empresa refinanció el préstamo restante y consiguió una nueva línea de crédito sindicado por un valor de 110 millones de euros.

El Banco Santander es una de las entidades españolas que ha financiado empresas que participan en el Jordan Valley Project

Si bien la participación de capital español en estas infraestructuras se hace patente en el informe, el propio funcionamiento del sistema financiero hace prácticamente imposible conocer su volumen real y establecer conexiones directas, más allá de casos concretos. Sobre todo por la dificultad de saber qué parte del capital que la banca española tiene en grandes fondos de inversión como Blackrock, Morgan Stanley, The Vanguard Group o Goldman Sachs se dedica, a su vez, a los principales financiadores de estos proyectos: Bank Leumi, Hapoalim, Israel Discount Bank, Harel Insurance Investments, Finance, Clal Insurance y Menora Mivtachim Investment. “Las transacciones económicas directas, como por ejemplo los préstamos y bonos verdes, son privadas y protegidas y no se difunden, salvo que la entidad o la propia empresa lo publiciten. De hecho, todo el capital que circula y se invierte con los grandes fondos de inversión como intermediarios, es mucho más complejo de conocer al detalle”, expone Carlos Díaz Bodoque, otro de los investigadores del informe.

El “lavado verde” y la carencia de criterios claros para la inversión sostenible

Otra de las contradicciones que plantea la financiación a proyectos de renovables en Territorios Ocupados es la expansión imparable de la llamada inversión ESG o “sostenible” y el fenómeno del greenwashing o “lavado de cara verde”. En 2021, entró en vigor el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles, incluido en el Plan de acción de la Unión Europea sobre finanzas sostenibles, que pauta la clasificación de los fondos de inversión según el tipo de empresas en las que invierte “para diferenciar qué proyectos afectan negativamente al clima y al medio ambiente”. Dentro de esta puntuación, los fondos catalogados como “Artículo 9” son los que financian empresas con un impacto más positivo en el medio ambiente y una exigencia mayor de responsabilidad social. En 2021, el volumen de inversión sostenible en el Estado español se situaba —según un artículo de la aseguradora Mapfre— en 485.809 millones de euros, mientras que en los últimos dos años el patrimonio en fondos clasificados en los artículos 8 (fomentan actividad sostenible) y 9 han experimentado un crecimiento de 84.580 millones de euros.

Las inversiones en renovables no tienen en cuenta las condiciones de los trabajadores o la desposesión de tierras de comunidades vulnerables

Precisamente, el sector de las renovables es uno de los que más habitualmente pasa los filtros de este tipo de inversión, a pesar de las controversias derivadas de cuestiones como las condiciones laborales, la desposesión de tierras de comunidades vulnerables o la construcción de centrales en territorios considerados bajo ocupación por Naciones Unidas, que denuncian organismos como el Business and Human Rights Center. De hecho, si bien los criterios de consideración de las empresas en cada artículo varían ostensiblemente según la fuente auditora, dentro de las empresas que cumplirían —por ejemplo, según Bloomberg— los criterios del artículo 9, se encuentran Canadian Solar, Solar Edge o la eólica Vestas, señalada por su complicidad en la ocupación del Sáhara Occidental. El informe Los desafíos de la inversión sostenible, publicado en septiembre pasado por la Cátedra Internacional de Finanzas Sostenibles de la Universitat Pompeu Fabra, con Gabeiras & Asociados y Triodos Bank, apuntan que el 20% de las inversiones de los fondos sostenibles presenta “controversias” y lo atribuye, entre otras cosas, a la discrecionalidad con la que el banco, el fondo o la entidad gestora dan respuesta a los requisitos de la normativa.

Las mismas entidades bancarias reconocen que es muy complicado analizar el impacto de una empresa o política en una comunidad en concreto. Albert Gasch, responsable de Relaciones Asociativas de Fiare Banca Ética, explica que, en su gestora, Etica SGR, “nos regimos por un sistema de criterios que excluye, de entrada, sectores más estrechamente relacionados con vulneraciones de los derechos humanos o con el cambio climático, como por ejemplo la minería o los combustibles fósiles. Después, cogemos los valores restantes y miramos que no tengan denuncias de organismos internacionales por casos de vulneraciones de los derechos laborales y, pasada esta criba, se escogen aquellos valores o empresas que tienen una puntuación más elevada en las auditorías éticas”, explica Gasch. “Generalmente, los bancos tienen control sobre cada gestora y las empresas en que invierten pasan unos filtros u otros, en función del tipo de fondo o del carácter de la entidad. Pero, cuando los clientes de gestora son bancos, los criterios son más amplios y, si hablamos de fondos de inversión tradicionales, el mercado está tan ramificado que es casi imposible saber donde va tu dinero”, apunta Gasch.

La adopción de criterios relacionados con la presencia de empresas en territorios ocupados como los de Palestina no es nueva, pero los precedentes no llaman al optimismo. En julio pasado, el gigante estadounidense de servicios financieros Morningstar, fue acusado de “sesgo antiisraelí” por considerar inversiones de riesgo —a criterio de Sustainalytics, su división de calificación de sostenibilidad de empresas que cotizan en Bolsa— algunas empresas que proveen al ejército israelí o que operan en el contexto del “área en conflicto Palestina-Israel”. Fruto de la polémica, Morningstar anunció el compromiso de dejar de utilizar como orientación los datos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de sustituir la denominación de “Territorios Ocupados Palestinos” por “Cisjordania”, “Gaza” o “Jerusalén Este”.

Si los inversores no saben donde van a parar sus ahorros, pueden contribuir a mantener la ocupación israelí, dice Felip Daza

“Esto demuestra que cumplir o no con la responsabilidad hacia los impactos negativos en los derechos humanos que generan los proyectos en los Territorios Palestinos Ocupados es una decisión consciente de las entidades. La masacre actual de Israel sobre Gaza ha vuelto a poner en la agenda las vulneraciones masivas que sufre la población palestina y, por lo tanto, las instituciones financieras pueden tener perfecto conocimiento de ello”, recuerda el investigador Felip Daza. “Y tienen que hacer partícipes a sus clientes. Si los inversores individuales no son capaces de saber donde van a parar sus ahorros y las grandes instituciones financieras no proporcionan información clara y precisa, nos encontramos que, de forma inconsciente, estos inversores estarían contribuyendo al mantenimiento de la ocupación, a la vulneración del derecho internacional y a la intensificación de la violencia en la región”, se lamenta.

El informe recomienda una serie de medidas a las entidades bancarias y aseguradoras que podrían ayudar a revertir la situación. Entre otros, los investigadores recomiendan mejorar la transparencia y la trazabilidad de las operaciones financieras o adoptar como criterio a la hora de invertir en una empresa que esta no haga negocios en territorios bajo ocupación o en contextos donde se vulnera el Derecho Internacional Humanitario. A pesar del precedente de Morningstar, confían que —del mismo modo que sucede con sectores como el armamento o el tabaco— la presión de las entidades de derechos humanos sirva para fomentar la desinversión en el negocio del “lavado verde”.