La Covid-19 persistente: del colapso sanitario al reconocimiento de la enfermedad

Fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares, problemas respiratorios o dificultades de atención y de memoria. Estos son algunos de los cerca de 200 síntomas detectados en las personas afectadas por la Covid-19 persistente o de larga duración. Todas ellas superaron la fase más aguda de la enfermedad y, meses después, siguen con síntomas. La mayoría son mujeres y se han organizado para exigir el reconocimiento de su enfermedad, tal y como ya ha hecho la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero no el exministro de Sanidad, Salvador Illa, ni la consejera de Salud de la Generalidad de Cataluña, Alba Vergés.

A través del Colectivo de Afectadas y Afectados Persistentes por la Covid-19 han denunciado que se sienten abandonadas por la sanidad pública y reclaman un protocolo de atención para todos los centros de atención primaria y hospitales en el territorio. También les preocupa superar el año de baja y que el Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas, ICAM) les obligue a volver a trabajar cuando todavía están con síntomas incapacitantes. Lo mismo que les ha pasado a otros enfermos y enfermas, que han tenido que llevar al ICAM a los tribunales. Por eso han pedido el apoyo legal del Col·lectiu Ronda.

Sílvia Soler, portavoz del colectivo, asegura que “el principal problema es la poca voluntad política para dar a conocer la Covid-19 persistente y para ayudar a los pacientes que sufren la enfermedad”. También denuncia que se han encontrado con discriminación por el hecho de ser mujeres, puesto que las han tratado de “depresivas y ansiosas”, y a menudo han intentado medicarlas en este sentido. “La atención en la sanidad pública puede provocar una depresión en las personas enfermas, y no al revés”, se lamenta. El relato es similar al de la invisibilización que denuncian las afectadas por los síndromes de sensibilización central (SSC).

Sílvia Soler: “El principal problema es la poca voluntad política para dar a conocer la Covid-19 persistente”

Desde que se contagió por la Covid-19, en marzo de 2020, Sílvia sufre conjuntivitis crónica, acúfenos, urticaria, inflamación intestinal, febrícula, faringitis aguda y dificultades respiratorias. “Había días que no me podía mover de la cama por los dolores musculares, y, cuando supe que había más personas con esta persistencia de síntomas, me puse en contacto con ellas y nos organizamos”.

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Ni atención sanitaria, ni pruebas médicas

La mayoría de ellas son personas infectadas por el virus durante la primera ola, y no tienen la PCR positiva porque el acceso a las pruebas llegó más tarde. Algunas tampoco tienen la serología positiva, porque no han desarrollado anticuerpos. “En la primera ola había mucho colapso”, recuerda Sílvia Soler; “solo te hacían la PCR cuando te ingresaban, y a muchas no nos ingresaron, porque los hospitales estaban saturados. Yo fui varias veces a Urgencias, por ejemplo, pero me enviaron de vuelta a casa.”

Al abandono denunciado, se suma la desazón de encontrarse en las puertas del ICAM, puesto que a partir del mes de marzo se cumplirá un año de las primeras bajas. “No nos están atendiendo e iremos al ICAM sin pruebas de nuestra situación de salud, por la saturación y por el hecho de que el sistema está fallando”, apunta Soler. Desde el Colectivo creen que el organismo evaluador empezará a presionar cada vez más a los médicos para dar de alta a las personas con serologías y PCR negativas. “Estamos en pandemia y somos conscientes de que se están priorizando las urgencias”, reconocen, “pero hay que encontrar una solución; si no, acabaremos actuando en el ámbito jurídico”.

Pau Estévez: “Las afectadas por la Covid-19 persistente tienen una baja derivada de la Covid-19, pero no la tienen reconocida como tal”

Uno de los abogados del Col·lectiu Ronda que las asesora, Pau Estévez, explica que “las afectadas por la Covid-19 persistente tienen una baja médica derivada de la Covid-19, pero no la tienen reconocida como tal”. Es decir, sobre el papel no se les ha reconocido la enfermedad. “A partir de marzo, cuando se cumpla un año de los primeros contagios”, advierte, “se supone que empezarán a revisar sus bajas y no sabemos cómo reaccionará el ICAM ante esta situación”. Es posible que “continúe haciendo lo de siempre y actuando con criterios economicistas, y entonces habrá que impugnar las decisiones que lleguen, como se ha hecho con otros colectivos de enfermos”.

Ahora mismo, según Estévez, “el ICAM está colapsado”. “Me he encontrado con personas con bajas de 22 meses y que aún no han sido citadas, y esto es inaudito”, relata. Y, por otro lado, el organismo “está dando altas sin visita presencial, solo a partir de la lectura del expediente médico”.

La coordinadora de la unidad de Covid-19 persistente del Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti, Badalona), la doctora Lourdes Mateu, confirma esta práctica: “El ICAM nos obliga a los médicos a hacer muchos informes que justifiquen que las personas afectadas por la Covid persistente están limitadas para hacer su actividad”, explica. Aun así, en este caso el organismo todavía no ha dado ninguna respuesta a los informes.

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Atención multidisciplinaria y más investigación

Can Ruti es el hospital líder en ofrecer una atención multidisciplinaria a estos pacientes. La unidad especializada está integrada por seis especialistas en enfermedades infecciosas, una reumatóloga, dos neurólogos, dos radiólogos, dos neurofisiólogos, tres cardiólogos, una psicóloga y una neuropsicóloga, una nutricionista e, incluso, una trabajadora social. “Al principio, muchos médicos no creían en esta enfermedad, pero la realidad es que cada vez estamos implicando a más especialistas del hospital”, explica su coordinadora. Esta experiencia, según el colectivo de afectadas, se debería replicar en todo el territorio.

Lourdes Mateu: “Estamos convencidos de que no es un síndrome, sino varios subsíndromes, pero necesitamos investigar más”

Uno de los objetivos principales de la unidad es aumentar su capacidad para atender a más personas y evitar el colapso. “A pesar de las últimas incorporaciones, todavía tenemos una larga lista de espera”, explica la doctora Mateu. Otro objetivo es el acceso a más recursos para realizar las pruebas necesarias a los pacientes. La coordinadora destaca que “el problema de estos enfermos es que las analíticas habituales las tienen normales; por eso los médicos no los creen”. Se deberían hacer “pruebas más específicas”, apunta, para encontrar “el indicador alterado” en cada caso. “Nosotros estamos convencidos de que no es un síndrome, sino varios subsíndromes, en función de las sintomatologías, pero necesitamos investigar más”, reconoce.

La Covid-19, enfermedad profesional

Desde el Col·lectiu Ronda también asesoran a profesionales del mundo sociosanitario a los cuales se les reconoció en su momento la Covid-19 como enfermedad común, cuando tendría que haber sido baja por enfermedad profesional o accidente de trabajo. Se trata, fundamentalmente, de personal sanitario, de ambulancias y de servicios sociosanitarios.

“Hemos presentado más de 30 o 40 solicitudes de cambio de contingencia (o motivo de la baja), y en algunos casos se han resuelto positivamente, pero en los casos de personal sociosanitario se han recibido negativas”, explica Pau Estévez. “Ya nos pasó con la gripe A”, añade, “y seguiremos el mismo camino: presentar una demanda y reclamar daños y perjuicios en los centros de trabajo por carencia de material y medidas de protección del personal, dado el caso”.

El Gobierno español ha reconocido la Covid-19 como enfermedad profesional para el personal de centros sanitarios y sociosanitarios

A principios de febrero, el Gobierno español aprobó mediante un real decreto-ley el reconocimiento de la Covid-19 como enfermedad profesional para el “personal de los centros sanitarios y sociosanitarios”, según dice el mismo texto. Sin embargo, mucho antes de que esta norma se aprobara, la Covid-19 ya tenía la consideración de enfermedad profesional para el personal sanitario y sociosanitario y para otros colectivos laborales, como por ejemplo los cuerpos policiales, el personal de prisiones o los odontólogos. Y esto es porque la Ley general de la Seguridad Social y el cuadro de enfermedades profesionales ya lo admitía así. Lo explicaba en mayo de 2020 el también abogado del Col·lectiu Ronda Miguel Arenas, en su blog.

Para Pau Estévez, “con esta norma el Gobierno parece que busca una vez más el titular, en lugar de una modificación sustancial del sistema de enfermedades profesionales que hace años que funciona, y que nos continúa permitiendo una defensa de la contingencia profesional de infecciones víricas de personal sanitario o sociosanitario, y otros profesionales”.