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Entrevistes

Jaime Palomera “El PSOE y Podemos deben decidir si abren la puerta a una ola masiva de deshaucios”

Para contener la propagación de la Covid-19, el Gobierno español y la Generalitat ordenaron el confinamiento obligatorio de la población dentro de sus hogares. Pero la orden ignoraba una realidad: el derecho a la vivienda no está garantizado para una parte importante de la ciudadanía. Esta es una de las muchas desigualdades que se han puesto de manifiesto durante la crisis sanitaria. Así lo ve Jaime Palomera (Barcelona, 1982), doctor en Antropología Social, especializado en Economía Política y Vivienda y coportavoz del Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas). Investigador en el Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) y cofundador del ‘think tank’ La Hidra, hace más de una década que analiza los orígenes de las burbujas inmobiliarias, la evolución de los precios del alquiler o las transformaciones urbanísticas. Con él repasamos de donde venimos y reflexionamos sobre el futuro: ¿qué efectos tendrá la nueva crisis económica en la vivienda?

17/06/2020 | 11:17

¿La crisis de la Covid-19 ha tenido efectos sobre la vivienda?

La pandemia ha puesto al descubierto las consecuencias de haberla dejado en manos del mercado durante décadas. Hay miles de personas que se han visto obligadas a seguir pagando alquileres demenciales a pesar de perder los ingresos, o que han tenido que pasar el confinamiento en condiciones inhumanas de infravivienda, en pensiones, en oficinas bancarias o en la calle. Se ha hablado mucho de la necesidad de defender la sanidad pública, pero la crisis también nos está enviando otro mensaje: si no transformamos el sistema residencial y urbano, nos espera un futuro muy negro. La casa es la partícula elemental de la dignidad humana, condición indispensable para poder dotarnos de cuidados, de salud, de educación y de un hábitat sostenible. Hay que proteger la función social de la vivienda y convertirla en el eje central de nuestro sistema de bienestar.

Y la crisis económica que ha desencadenado el coronavirus, ¿como impactará en esta cuestión?

El precio de la vivienda nunca se ha ajustado como lo tendría que haber hecho en 2008, porque ha habido esfuerzos enormes para mantenerlo alto artificialmente. Se intenta prevenir que baje el precio de los activos en manos de sectores privilegiados y de una parte importante de las clases medias más acomodadas, que basan sus estrategias de reproducción y de ascensión social en la inversión en activos inmobiliarios. Durante la última crisis, la única manera de impedir que hubiera un ajuste de precios fue, por un lado, con el baño de dinero gratis del Banco Central Europeo; por otro, con la entrada de capital de las economías centrales de Europa y de las economías emergentes, sobre todo China, Rusia, y después Estados Unidos, a través de los fondos de inversión privada que provenían directamente de Wall Street, y, finalmente, con la turistificación de la vivienda. Todo ello ahora será imposible, porque estos factores externos también están en crisis.

De forma que, sin estos factores externos, ¿el precio de la vivienda bajará?

Estamos ante una crisis económica como no la hemos vivido nunca antes, y quien diga lo contrario, miente. Hay mucha incertidumbre, pero todo apunta que, en una primera fase, buena parte del sistema turístico sufrirá una erosión fuerte. En una segunda fase, todo lo relacionado con el sector inmobiliario quedará dañado muy seriamente, por mucho que los ‘lobbies’ estén trabajando para evitarlo. El impacto será grande. Piensa que la economía inmobiliaria es la principal infraestructura estatal, y en Cataluña, nacional. Si no hay sorpresas, ahora habrá una depreciación fuerte, con efectos colaterales; de hecho, los últimos días ya ha habido una entrada masiva de viviendas en los portales inmobiliarios con descuentos del 10% y del 20%. Y eso que todavía no se han enfrentado a la demanda real de pisos que se producirá postcrisis sanitaria.

¿Qué responsabilidad han tenido los gobiernos en el hecho que el precio de la vivienda se haya mantenido tan alto?

Todos los esfuerzos de las administraciones públicas, especialmente del Estado y de la Generalitat, han priorizado que los precios se puedan sostener altos artificialmente. Si hay una bajada de estos precios, habrá una bajada de la riqueza de las grandes familias y de los grandes poderes económicos del país, y esto es lo que están intentando contener. Los activos inmobiliarios están en manos de unas familias, que representan una parte pequeña pero importante de las clases medias y que son la base material e ideológica del régimen del 78 en España y en Cataluña.

¿Qué quieres decir?

Es decir, tanto para la nueva Convergencia como para el PSOE, que son los dos partidos que encabezan ahora los gobiernos catalán y español, ha sido importantísimo sostener la riqueza patrimonial de las clases medias acomodadas. ¿Por qué? Porque son su base material, ideológica y cultural. Para estos sectores sociales, los pisos y los locales han sido motor de endeudamiento, de capacidad empresarial y de consumo.

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La ruralidad entendida como modo de vida al margen de los ritmos urbanos no existe”

En un artículo en la revista ‘Ciutats‘, de CRÍTIC, decías que no habían pasado ni 10 años del fin de la burbuja hipotecaria cuando se consolidó una nueva burbuja, esta vez con efectos especialmente severos sobre el alquiler. ¿Esto es cíclico? ¿La bajada en el precio de la vivienda producto de esta crisis precederá una nueva burbuja a medio plazo?

Puede pasar, pero es difícil que sea a corto plazo. Y, a medio plazo, ya lo veremos. Estamos en un escenario muy nuevo: es la primera crisis realmente global, porque en la anterior había países que quedaron fuera del impacto económico. De hecho, China y otros países, sobre todo los emergentes, fueron la locomotora de la recuperación, y ahora difícilmente podrán tener este papel. Sí que hay fondos de inversión privada que intentarán captar las viviendas, locales, comercios o grandes superficies devaluadas para hacer operaciones especulativas, pero serán operaciones puntuales. A escala global, los mecanismos que se habían utilizado para reactivar el mercado inmobiliario y los ciclos de burbuja están resfriados.

Pero Blackstone, en plena crisis del coronavirus, ha abierto un fondo de 9.800 millones de euros en Europa —el más grande de la historia— para invertirlo en el nuevo escenario inmobiliario. Entiendo que la operación es comprar barato ahora y vender caro de aquí a unos cuántos meses.

Es cierto que Blackstone ha sido capaz de captar un flujo de capital muy grande en muy poco tiempo. En conjunto, los fondos ya han concentrado hasta 40.000 millones de euros, una buena parte de los cuales los podrían destinar a adquirir stock inmobiliario. Aun así, por mucho que intenten hacer adquisiciones ahora para especular a medio plazo, dudo mucho que puedan hacerlo en la dimensión con que lo hicieron los años anteriores. También hay que tener en cuenta que la crisis económica impedirá que puedan sostener unos precios tan altos.

A pesar de que sea como consecuencia de la crisis, para las clases populares, que los propietarios se vean obligados a bajar el precio de la vivienda, ¿es positivo, no?

Exacto. Para una mayoría social, que no puede ni podrá comprar un piso y que no participa en las estrategias de movilidad social que comentábamos, que la vivienda baje de precio es una buena noticia. El problema es que, en la medida en que la economía productiva se paralice, crecerá la parte de ciudadanos que no puede vivir de su trabajo ni tiene acceso a la vivienda. Sin una intervención pública fuerte que, por un lado, limite los precios y los regule para evitar que vuelvan a subir y, por otro, impulse la renta básica universal, habrá una amplia mayoría de la sociedad que estará condenada a un empobrecimiento muy acelerado. Hay que cambiar esta situación de vulnerabilidad y convertirla en una oportunidad para liberarnos de formas de sumisión que hemos aceptado durante mucho de tiempo y de formas de trabajo innecesarias y superfluas. Si hay una renta básica universal y una limitación de los precios, mucha gente no tendrá que vender su fuerza de trabajo a cambio de unas condiciones miserables, tendrá más margen para escoger a qué quiere dedicar sus capacidades vitales y, al mismo tiempo, no tendrá que sufrir por no poder garantizar su subsistencia.

En los últimos meses, también hemos visto que la Covid-19 ha disparado el interés de mucha gente por el mundo rural y para ir a vivir en los pueblos. ¿Cómo lo valoras?

Esta aspiración entronca con cierta ideología de clase media que está alejada de la realidad de la mayoría de la gente. Estamos en las grandes ciudades porque allá se concentra la mayoría de los trabajos y todos los servicios se articulan a su alrededor. Hay un ejército enorme de trabajadores y de trabajadoras haciendo tareas esenciales que no se pueden sustituir por el teletrabajo: limpieza de casas y de oficinas, cuidado de los mayores y de los pequeños, y un larguísimo etcétera. Todo esto está concentrado en las ciudades, y descentralizarlo se puede plantear como ejercicio de ciencia-ficción; pero, si no se deshace toda la estructura productiva moderna de las áreas metropolitanas, seguiremos yendo hacia un modelo de concentración en las ciudades. Deberia haber un descalabro muy profundo en los próximos años para que la gente pueda pensar en hacer su vida lejos de las ciudades. De todos modos, tal como está configurado el mundo, la ruralidad entendida como un modo de vida al margen de los ritmos urbanos ya no existe.

¿Y a qué ha dado lugar?

Yo hablo más de ‘periurbanismo’ que de ruralidad. Existe una especie de ‘periurbanismo’, es decir, de formas de vida más relajadas, aisladas de los centros urbanos, pero que son absolutamente dependientes, por muy lejos que estén y por muy idílicas que puedan parecer.

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¿Nos indigna que un ‘pack’ de mascarillas se venda por 150 euros? Con la vivienda turística pasa lo mismo”

Es decir, existe una relación de dependencia entre el mundo rural o “periurbano” y las grandes ciudades, que vacía de contenido los discursos que apuestan por el “retorno a la ruralidad”.

La región metropolitana barcelonesa está hecha de muchos centros urbanos, a diferencia de lo que pasa en grandes ciudades americanas, donde hay un centro urbano a partir del cual se desencadena una especie de mancha de aceite de barrios y de zonas suburbanas vinculadas a este centro urbano. Eso es muy diferente de lo que hay en Europa, y particularmente, en el sur de Europa. Cataluña es una malla urbana alrededor de una estructura policéntrica, de muchos centros urbanos, y esto hace que, por ejemplo, Sabadell o Terrassa, que estan relativamente cerca, tengan una identidad, una cultura y una historia muy diferentes, y que se reivindiquen como ciudades con una singularidad que las diferencia claramente de Barcelona. Pero, al mismo tiempo, es cierto que Barcelona, cada vez más, está teniendo una dinámica y una dimensión de ciudad global que tiende a fagocitar con una facilidad relativa a las ciudades de su periferia. L’Hospitalet es la segunda ciudad de Cataluña en tamaño, pero su dependencia y su proximidad con Barcelona le dificultan mucho construir una cultura y una economía propias y diferenciadas de la capital.

El precio del metro cuadrado en Barcelona es el más caro del Estado español. El alquiler ya supera los 1.000 euros de media. ¿Esto también tiene efectos sobre las periferias y las ciudades limítrofes?

Barcelona tiene el mercado de alquiler más grande de Cataluña y de España, pero la evolución de los precios en otras ciudades es paralela a la evolución de los precios de Barcelona. Y, como te decía, las subidas no han respondido tanto a un crecimiento de la demanda como a una entrada de flujos altamente especulativos en estos mercados de alquiler. Se trataba de bañar el mercado. En este sentido, hubo un montón de intervenciones políticas para reactivar los precios en todo el territorio, los fondos de inversión disfrutaron de enormes privilegios fiscales y se agilizó la expulsión del vecindario a través de cambios legales. Hay que recordar algunas operaciones como las de ‘Golden Visa’, que permitía adquirir el permiso de residencia a aquellos que se compraran una propiedad de 500.000 euros o más. Y otro factor importante fue la posibilidad de convertir las viviendas en hoteles clandestinos, es decir, el desvío de casas al mercado turístico, que empujan al alza los precios de los pisos.

De hecho, desde el inicio de la crisis anterior y hasta la actualidad, los pisos turísticos se han multiplicado.

A principios de 2010-2011 había unos cuántos miles de viviendas turísticas en Cataluña. ¡Ahora, hay más de 80.000 registradas! Y eso que esta cantidad no incluye los que operan sin licencia. Se trata de un crecimiento exponencial que fue fruto de una política del Govern de Artur Mas: la ‘ley ómnibus’ que, nuevamente, tenía como objetivo reactivar la inversión y la apreciación de los precios en el mercado inmobiliario. Haciendo una comparación simple, ¿verdad que nos indigna que un ‘pack’ de mascarillas, que debería valer un euro, se venda por 150? Pues con la vivienda turística pasa exactamente lo mismo. El error histórico ha sido aceptar el concepto de vivienda turística, porque lo estás legitimando. Es un mecanismo para poder especular con el precio de un bien de primera necesidad, y eso es lo que está pasando con las mascarillas. Nos debería indignar de la misma forma.

Para impedir este crecimiento exponencial, varios colectivos sociales defendéis la necesidad de regular los precios de la vivienda. Pero algunos economistas apuestan por dejar que la oferta aumente. La fórmula que utilizan es la de un mercado de competencia perfecta: la oferta y la demanda se equilibran y, de este modo, los precios se autorregulan. ¿Esta receta es válida?

Es una falacia absoluta, porque el mercado de la vivienda no funciona como un mercado de competencia perfecta. Los precios de la vivienda no empezaron a subir cuando aumentó la demanda de alquiler durante los años de la crisis hipotecaria, sino que han sido las expectativas de revalorización o de ganancia financiera con la vivienda lo que ha hecho que los precios suban. Ha importado muy poco si había alguien que pudiera alquilar los pisos; lo que contaba eran las expectativas de incremento del precio a corto plazo. De hecho, la media de los precios que se ofrecen en los portales inmobiliarios está muy por encima de los 1.000 euros, y, en cambio, la realidad del poder adquisitivo de la ciudadanía está sensiblemente por debajo de los 1.000 euros. Ahora estamos viendo como las perspectivas de bajada de precios de la vivienda están haciendo que algunos fondos ya empiecen a hablar de bajadas del 10% y del 20%.

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Blackstone tiene una gran capacidad de chantaje sobre el Gobierno español”

¿Esto puede tener también un efecto sobre el resto del mercado?

Exacto. Cuando las expectativas van a la baja, los precios se contagian de estas expectativas y bajan. Por eso digo que el funcionamiento de este mercado tiene muy poco que ver con el ideal que sale en los libros de texto de primero de Economía, donde hay una oferta y una demanda que se regulan y acaban fijando un precio ideal. A parte de que el problema del mercado de vivienda es que opera con un bien de primera necesidad, y hay toda una infraestructura social y cultural a la que estamos vinculados que limita mucho nuestra capacidad de elección dentro de este mercado. Esto hace que estemos sometidos a formas de chantaje económico muy fuertes: si tú no puedes pagar el piso, te tienes que ir del barrio. Esto lo dicen los mismos inversores, porque lo último que hace la gente es dejar de pagar la casa. Las tasas de morosidad en España son bajísimas, y por este motivo los grandes fondos reconocen que el alquiler sigue siendo una inversión altamente rentable, porque pueden subir mucho los precios y saben que la gente, por su situación de falta de libertad real a la hora de escoger, lo acabará asumiendo.

¿La regulación de los precios pasaría solo por construir más vivienda social?

Es evidente que necesitemos construir un sistema de vivienda pública, porque es la única manera de garantizar este derecho universal de manera efectiva y segura. Ahora bien, la experiencia de ciudades como Viena nos demuestra que incluso aquellas con el porcentaje más alto de vivienda pública del mundo tienen que regular los precios de la vivienda privada. Ya puedes desarrollar sistemas públicos que no podrás evitar, no solo que se especule en el mercado privado, sinó que haya presiones a los políticos para que privaticen la vivienda pública. Aquí nos urge ampliar este parque, que es prácticamente inexistente; pero, al mismo tiempo, debemos tener en cuenta que, en buena parte, la oferta ya existe. Solo en Barcelona, hay 9.600 pisos (sin contar los ilegales) que podrían ser vivienda de protección oficial y que ahora mismo están en el mercado turístico. Recuperando estas viviendas, resolveríamos bastante el supuesto problema de oferta que tenemos en la ciudad. Y también están los pisos de la Sareb, que fueron avalados con dinero público y que ahora mismo están siendo gestionados por fondos de inversión privados que buscan sacar el máximo rendimiento. Todo esto en conjunto constituye un parque importante de pisos que podrían ser destinados a vivienda asequible.

Uno de los primeros compromisos del Gobierno español actual fue, justamente, la regulación del precio del alquiler; pero, hoy en día, esta medida todavía no se ha desarrollado. ¿Por qué?

El motivo principal es que hay una presión muy grande del poder financiero que entró en España durante la crisis, y que todavía no sabemos qué contrapartidas consiguió. El poder político ha asumido sus exigencias. Cuando hubo la crisis hipotecaria y durante los años posteriores, muchos de los fondos de inversión de Wall Street veían el sector inmobiliario en España como un sector muy arriesgado donde podían tener pérdidas. Fue solo a través de cambios legislativos enormes, de rescates directos e indirectos y de ayudas y subsidios que estos fondos decidieron invertir aquí. La pregunta es: ¿qué se les dio a cambio? ¿Qué acuerdos hubo? Porque hubo acuerdos; esto es seguro. Y que Blackstone tiene una gran capacidad de chantaje sobre el Gobierno español también es seguro.

¿En qué sentido?

Hace algunas semanas, anunció que haría una venta masiva de viviendas con una reducción de precios del 50%. Esto, realmente, se produjo solo en los pisos que tiene en las zonas de la Cataluña y la España vaciadas; por lo tanto, la amenaza tenía un componente grande de ‘farol’. La jugada de Blackstone consistió a decir al Gobierno del Estado que tiene la capacidad de hacer que los precios bajen, y que esto produzca una bajada de la economía inmobiliaria. Al margen de esto, hay acuerdos no revelados que le permiten tener una capacidad de influencia grande. Fíjate que, cuando el ejecutivo anterior sugirió cambiar la legislación de arrendamientos urbanos, Blackstone amenazó con irse. ¿Cual fue el resultado? Una respuesta rápida del Estado diciendo que no se regularían los precios. Ahora es diferente, porque la presión social, de cada vez más partidos políticos y de ciertas instituciones, ha provocado que el Estado empiece a asumir que algún tipo de regulación de precios tendrá que hacer.

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Que la gente pudiera vivir de alquiler sin que ello sea sinónimo de precariedad sería cambiar de paradigma”

Lo puede haber asumido pero no lo ha tirado adelante todavía. Y, sobre esto, Podemos ha hecho de la defensa del derecho a la vivienda uno de sus caballos de batalla principales. ¿Por qué, ahora que están en el Gobierno, no han desencallado la cuestión de la regulación de los precios? ¿No se lo creen del todo? ¿No son suficientemente valientes? ¿No tienen suficiente poder?

A Podemos le pasará, durante toda la legislatura, que tendrá que escoger entre arrancarle acuerdos al régimen del 78 y al Estado –que no es el PSOE; es la doctrina del Estado y sus principios neoliberales en el terreno económico–, o salir del Gobierno y abrir la puerta a la ultraderecha. En este marco, las ‘victorias’ dependerán más de la capacidad de la ciudadanía para organizarse que del Gobierno. De hecho, la paralización de los desahucios o la prórroga de los alquileres de seis meses ha sido, sobre todo, producto de la presión social y de los colectivos en defensa de la vivienda. Y es cierto que, de momento, son victorias modestas, porque se enmarcan en unas políticas neoliberales que priorizan al sector inmobiliario y financiero. Podemos se encuentra en esta dicotomía y, al mismo tiempo, el PSOE tiene que escoger entre ceder un poco ante los actores más populares de la sociedad, o arriesgarse a una rotura de Gobierno, que también abriría la puerta a la ultraderecha. No solo a la derecha: también a la extrema derecha, y creo que los votantes de izquierdas de España no lo perdonarían. Y, mientras tanto, este tira y afloja entre los dos partidos del Gobierno, a quien más desgastará será a aquellos sectores que defienden posiciones más progresistas, si finalmente no se ven concretadas en ninguna ley ni en ninguna política de vivienda digna de este nombre.

Ahora hablabas de la moratoria de alquileres o la suspensión de desahucios, que estaba prevista por un periodo de seis meses. ¿Qué pasará después?

El Gobierno español tiene que decidir si, pasados los seis meses, abrirá las puertas a una oleada masiva de desahucios. Por mucho que puedan bajar los precios de los alquileres, las condiciones de vida de la gente están empeorando y seguirán esta tendencia. Entonces, el ejecutivo tendrá que decidir entre permitir una crisis de la vivienda que hará pequeña la del 2008, o evitarla, haciendo frente a los poderes económicos. La ciudadanía también debe tomar partido, no solo los cargos públicos: depende de nosotros impedir que pueda haber una avalancha de desahucios y un nuevo ciclo especulativo que nos lleve a un escenario peor que el de la crisis anterior. Nos encontramos en un momento en que, por mucho que se puedan hacer medidas paliativas que no evitarán la caída de la economía, sí que pueden establecer las bases de la futura política de vivienda. Y esto también tiene que ver con el modelo económico y social que queramos construir.

¿Cómo sería una política de vivienda perfecta? ¿Cómo se tendría que definir?

No sé si hay una política perfecta; pero, de entrada, hay que ampliar exponencialmente el parque protegido de alquiler y regular el mercado privado. Así se garantizaría la función residencial de la vivienda y se protegería a la ciudadanía de los abusos. Poca broma: con solo que la gente pudiera vivir de alquiler sin que ello sea sinónimo de precariedad, ya sería un cambio de paradigma. Tenemos un modelo en el cual todo lo que no comporte comprar una vivienda es sinónimo de fracaso, porque toda la legislación hace, del alquiler, una opción de vida precaria e inestable. Para cambiar este enfoque, simplemente deberíamos acercarnos a modelos europeos, que hacen que el alquiler asequible y otras maneras de acceder a la vivienda sean una posibilidad muy real.

¿El alquiler le ha ido comiendo terreno a la compra? Porque durante la última década hemos visto que la compra ha sido una realidad cada vez más minoritaria.

El acceso a las hipotecas por parte de las familias ha bajado. No es una posibilidad al alcance de la gran mayoría de la población. Entonces, el alquiler seguirá siendo una realidad, y, si hacemos que sea una opción estable, permitiremos que la gente no se tenga que endeudar ni hipotecar para acceder a la vivienda. Esto cambiaría radicalmente la vida de mucha gente, porque estar endeudado tiene un efecto muy grande sobre el conjunto de decisiones que tomamos en nuestro ciclo vital. Y que conste que estoy siendo extremamente reduccionista con el tipo de políticas que se pueden hacer; no quiero que parezca que con esto ya resolveríamos el problema. Pero miremos qué pasa en otros países y ciudades de nuestro entorno. En Viena, la regulación del precio del alquiler está vinculada a modelos urbanos muy diferentes de los que tenemos aquí: hay comunidades de alquilinos que son las que toman decisiones sobre el futuro de su conjunto habitacional. No solo los edificios, sino que hay manzanas de casas enteras que se organizan en torno a comunidades.

Antes decías que el Gobierno debía decidir si abrir las puertas a desahucios masivos. Hablamos de desahucios y mucho menos de infravivienda, una situación que, en ciudades como Barcelona, afecta cerca de 800 personas que viven en barracas o en naves industriales abandonadas. En los últimos años, ha crecido también el número de familias en pensiones sin cocina, o en habitaciones realquiladas. ¿Qué pasa con ellas?

Esto es un fenómeno del siglo XXI. Incluso se había llegado a pensar que la realidad de las personas sin techo o que viven en condiciones de infravivienda era consecuencia de una patología, de problemas de salud mental, pero lo cierto es que son producto de la especulación inmobiliaria. El resultado es que aquellos que están en una situación de mayor debilidad en el sistema de vivienda son también los que tienen una situación de mayor vulnerabilidad en el sistema laboral, personas sin permiso de residencia o de trabajo, o discriminadas por la Ley de extranjería. Y, en muchos casos, hay familias que se ven obligadas a pagar auténticas barbaridades por habitaciones realquiladas, precisamente porque su situación no les permite encontrar alternativas.

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Tenemos que poner la vivienda en el centro de cualquier programa de transformación social”

¿Y de qué manera se podría revertir esta situación?

Una de las maneras de cambiarla es la que ha hecho Portugal: regularizar las personas extranjeras que no tenían permiso de residencia ni de trabajo. Aquí hay una campaña por la regularización de las personas migrantes, y es capital, porque esto tiene efectos en la vivienda, en el trabajo y en los derechos en general. Hoy en día, estas personas están absolutamente excluidas de cualquier forma de apoyo. El Gobierno español hablaba de no dejar nadie atrás; pues estas son las primeras que están quedando atrás, porque son víctimas de una forma de explotación como es la infravivienda o las habitaciones realquiladas. Víctimas de alguien que está especulando con su miseria.

En una entrevista a David Madden, sociólogo experto en vivienda, tu primera pregunta fue esta: “La crisis de la vivienda no es coyuntural sino sistémica: hay una contradicción entre la vivienda como casa —con función social— y la vivienda como mercancía —como producto que puede ser vendido. ¿Queremos que la vivienda sea asequible, y al mismo tiempo creemos que tiene que ser una inversión?”. Ahora, respóndela tú. ¿Cómo se resuelve la dicotomía?

Implica desvincular la vivienda del mercado financiero y desmercantilizarla. Garantizar que sea lo que es: un derecho fundamental, y ponerlo a la altura de la educación o de la sanidad. Esto solo se consigue con un nivel muy alto de intervención pública y comunitaria que le gane espacios al mercado. Pero no garantizaremos que la vivienda sea un derecho con el que no se especule si no echamos un tipo de inversor, o más bien, de “depredador” financiero y rentista, y si no desincentivamos que el común de los mortales vea la vivienda como una forma de inversión. El cambio también está vinculado a la manera como se gana la vida una parte de la sociedad.

¿Qué quieres decir?

En los últimos años, una parte de las nuevas clases medias y las clases medias antiguas, que se han reconvertido, han hecho del ingreso de sus rentas inmobiliarias una forma de vida. Un negocio. Esto es insostenible porque es un juego de suma cero: la forma de vida de estas personas va en detrimento de la de otras, que, por medio del alquiler, les transfieren una parte muy grande de lo que ganan con su trabajo. Aquí hay un elemento de clase muy claro: los propietarios de pisos que los ponen en alquiler tienen unos ingresos de 37.000 euros anuales de media, sin contar lo que cobran de estos pisos. En cambio, la gente que vive de alquiler ingresa, de media, algo más de 20.000 euros. Por lo tanto, hay una diferencia. Cambiar este modelo también implica dar la oportunidad a mucha gente de ganarse la vida sin hacer inversiones especulativas con la vivienda.

En tu artículo en la revista ‘Ciutats’ también planteabas que “acceder a una vivienda asequible, vivir en el barrio y hacer proyectos de vida estables dependerá, en última instancia, del sistema de vivienda que queramos construir. Rescatar las ciudades del capitalismo rentista está en nuestras manos”. De acuerdo, ¿pero cómo lo hacemos?

A mí me parece que la lucha por la vivienda tendría que formar parte de cualquier programa de lucha por los derechos. Es fundamental que los sindicatos del trabajo o las organizaciones ecologistas, por ejemplo, se alíen con las que luchan de manera específica por el derecho a la vivienda. Tenemos que ser capaces de poner la vivienda en el centro de cualquier programa de transformación social y de lucha por la igualdad. Hay una economía extractivista y un poder político y económico que insistirá en las mismas recetas, aunque haya una crisis fortísima. Intentarán salvar la construcción para reactivar el ciclo inmobiliario e impulsar macroproyectos, que son una agresión ecológica contra los bienes naturales y que tienen un impacto muy grande en nuestras ciudades y pueblos. Esto nos obliga a construir propuestas transformadoras que vinculen los derechos laborales y el derecho a la vivienda con la protección ecológica, y, por lo tanto, avanzar hacia un modelo donde esto quede protegido. Y no lo haremos articulando propuestas programáticas ideales, sino enfrentándonos al poder económico.

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