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Opinió
Josep Maria Montaner

Josep Maria Montaner

Arquitecte, catedràtic de l’ETSAB-UPC i exregidor d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona

‘Lawfare’ urbano y ataque a lo público

Extracto del libro 'Lawfare urbano. Ofensiva judicial contra la Barcelona de Ada Colau' (Icaria, 2023) que denuncia cómo funcionan las querellas judiciales para frenar los proyectos municipales de transformación ecológica y social

16/03/2023 | 06:00

El proyecto urbanístico 'Superilla Barcelona' es uno de los que ha sido utilizado en el 'lawfare' urbano contra el gobierno municipal de Ada Colau / AJUNTAMENT DE BARCELONA

Desde la diversidad de la izquierda no se pueden minusvalorar los efectos negativos del lawfare y de las fake news, ya que en algunos casos han alcanzado algunos de sus objetivos. Consiguen que algunos renuncien, obstaculizan proyectos, imponen una agenda y un vocabulario reaccionarios y retrógrados y, en definitiva, han propiciado un avance de la ultraderecha.

Hoy los efectos son visibles a través de la mayor presencia de manifestaciones, testimonios y símbolos fascistas en esta expansión de la guerra judicial (lawfare) y en las mentiras (fake news) transmitidas en algunos canales de televisión y algunos medios, tanto explícitamente reaccionarios como en los mainstream. Parafraseando a Voltaire, que escribió que “el último grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia”, en relación a las tácticas de la extrema derecha hoy podríamos establecer que “el último grado de perversidad es hacer servir la democracia para dinamitarla”.

Toda esta presión mediática tiene sus efectos: por la insistencia en crear percepción de inseguridad y violencia; por fomentar el individualismo y el “sálvese quien pueda”; por intentar desprestigiar a ciertas ciudades innovadoras —tal como se intenta hacer infundadamente con Barcelona—, y por querer favorecer a ciertas multinacionales, como las de los taxis privados o las compañías de seguridad.

Los objetivos del lawfare, a cualquier escala, son los de la sacralización del ámbito privado y del mundo empresarial. Para ello es necesario desacreditar la gestión pública, ponerle todas las trabas posibles para que se ralentice o no consiga los objetivos que se habían decidido democráticamente. Además, este laminar el prestigio de lo público tiene un fin ulterior: si la administración no funciona bien, no tiene sentido pagar impuestos. Por lo tanto, siguiendo el dictado conservador y de la extrema derecha, que se reduzcan los impuestos. Y por ello, es tan perverso el lawfare que promueven aquellos políticos, técnicos y expertos que estuvieron en la administración y han conocido unos mecanismos administrativos que ahora quieren entorpecer.

En el caso de Barcelona, todas las querellas son en reacción a las medidas introducidas para mejorar la ciudad

En el caso de Barcelona y el lawfare urbano, todas estas querellas han sido y son siempre reacción a las medidas introducidas para mejorar la ciudad —acceso a la vivienda, calidad del espacio público, menos tráfico, menos contaminación, etc.—, demostrando claramente que el Ayuntamiento ha tomado la iniciativa, aunque los antiguos poderes no se resignen a aceptar que ya no tienen tantísima influencia y acceso directo a la gestión municipal como antes.

La mayoría de estos casos de lawfare han tenido y tienen un doble objetivo, aunque no se ganen: difamar al gobierno municipal y a su alcaldesa, y demorar lo máximo los planes y proyectos urbanísticos. Tal como ha sucedido en casos ya citados, como la Reforma del Plan General Metropolitano de Gracia, la Superilla Barcelona o las obras de la remodelación de la Via Laietana, aunque en ningún caso se han conseguido parar.

Sin embargo, esta ofensiva judicial, aunque no consiga sus objetivos finales, sí que consigue, en algunos casos, retrasar los procesos administrativos y, además puede llegar a amedrentar a las personas de la administración, ya sean políticos o sean funcionarios. Con ello, la gestión municipal se hace aún más lenta. Al exceso de protocolos, medidas y reducciones decretadas en el 2012 por el gobierno del Partido Popular, con el Decreto-Ley, de 25 de junio, de medidas urgentes para la contención del gasto público y la adaptación del funcionamiento de los servicios públicos, y con el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, ahora se suma el plus de lentitud por las querellas que frenan procesos de licitación y proyectos urbanos. No solo son mecanismos de la antipolítica y de la reducción de la democracia, sino que tienen por objetivo ir desgastando y desprestigiando la gestión pública y su sistema de tasas y pago de impuestos.

(…)

Por suerte, podemos afirmar que todos estos ataques judiciales, a pesar de poner continuamente zancadillas, han terminado intensificando la coherencia y los objetivos de la institución municipal, aumentando la precisión para todos los trámites y reforzando la voluntad y la responsabilidad para consolidar y aumentar las capacidades, los campos sociales de actuación y las competencias.

Hoy recursos, mañana leyes

Y es que a pesar de esta carrera de obstáculos en que se ha convertido la gestión municipal en Barcelona, se demuestra que quien ha planteado los conceptos hegemónicos, como escribiría Antonio Gramsci, es el Ayuntamiento de Ada Colau: por las reacciones rabiosas y sistemáticas que genera, porque la mayoría de medidas municipales las va legislando y promoviendo la Generalitat de Catalunya; y porque cada una de ellas (superilla, servicios sociales, mediación en los desahucios, atención a la salud mental, alojamientos de proximidad provisionales, política de vivienda…) va ganando reconocimiento y premios alrededor del mundo.

La influencia que las medidas adoptadas en Barcelona están teniendo en otros países y ciudades es notoria

De esta manera, no solo estos proyectos no se han conseguido frenar, sino que algunas de estas medidas tan polémicas para algunos, y tan en sintonía con nuestros tiempos, han sentado precedente en leyes, normativas y proyectos. Muchas de las medidas sociales, en relación a la vivienda, contra la contaminación o a favor del espacio público propuestas en Barcelona han sido replicadas en otros municipios catalanes y por la misma Generalitat de Catalunya. La Zona de Bajas Emisiones ha sido reconocida por el Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno español como modelo a seguir en las ciudades de todo el Estado. La norma del 30 % de vivienda asequible ha sido incluida en la nueva Ley del Derecho a la Vivienda del actual gobierno, aún pendiente de aprobación cuando se redacta este libro.

La influencia que las medidas adoptadas en Barcelona están teniendo en otros países y ciudades es notoria. Por ejemplo, el gobierno de Japón se inspiró en las medidas tomadas en Barcelona contra los apartamentos turísticos ilegales gestionados por Airbnb, para reducir drásticamente en el 2018 el número de apartamentos turísticos, pasando de los 62.000 que tenía Airbnb a unos 13.800. Y en cualquier texto sobre Airbnb y el problema urbano y social de los apartamentos turísticos, Barcelona, junto a Ámsterdam, París y Nueva York, es una de las ciudades más citadas por sus medidas de control y regulación.

Los movimientos urbanos de resistencia a la turistificación de los barrios más monumentales de Atenas han planteado el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) de Barcelona como modelo alternativo de referencia a seguir. Y tanto las dos superillas realizadas —la del Poblenou y la de Sant Antoni, que han servido de prototipo y prueba—, como el proyecto global Superilla Barcelona, con sus ejes y plazas verdes en las intersecciones de las calles, han sido reconocidas por la ONU como un ejemplo de cómo las ciudades pueden combatir la crisis climática.

Con motivo de la cumbre de ciudades en Buenos Aires en octubre del 2022, el Ayuntamiento de Barcelona ha cifrado que son hasta 250 las ciudades que han pedido información técnica sobre las superillas (como Nueva York o el land alemán de Baden-Württemberg) o se han inspirado en ellas, como la ciudad de Bogotá, con sus “Barrios vitales”; la de Berlín, donde se denominan “Kiezblocks”; Viena, que ya tiene una larga tradición de peatonalización, donde se llaman “Grätzl”; o Los Ángeles, que las ha tomado en cuenta para su proyecto de “Park Blocks”. Dicha cumbre ha significado, entre otras cosas, el reconocimiento internacional a la Superilla Barcelona. Y sin ir tan lejos, el modelo superilla de Barcelona ha sido adoptado por municipios próximos como Santa Coloma de Gramenet o Cornellà de Llobregat, o por ciudades afines como Valencia.

En materia de innovación en políticas de vivienda, Barcelona se ha situado, por primera vez en su historia, como un referente. Por su política de promoción de cooperativas en cesión de uso y una incipiente Community Land Trust. Por su acuerdo para crear la entidad metropolitana de vivienda, Habitatge Metròpolis Barcelona, basada en un acuerdo púbico-privado. Por haber potenciado la creación del Observatori Metropolità de l’Habitatge y la Cátedra Barcelona de Estudios de Vivienda. Por los dos alojamientos de proximidad provisionales (APROP) ya realizados, el primero, en Ciutat Vella, proyectado por el arquitecto David Juárez de Straddle 3, con Eulia Arkitektura y Yaiza Terré Estudi, que recibió el Premio New European Bauhaus, al mejor proyecto de vivienda modular el 16 de septiembre del 2021; y el segundo, terminado a mediados del 2022 en la plaza de las Glòries, con 42 viviendas para personas y familias en situación de vulnerabilidad. Y por la promoción de nuevos sistemas de producción industrial de vivienda social.

Y es que el estado del mundo nos pide, necesariamente, ir en una la misma dirección. Y esta dirección es la que Barcelona, junto a otras ciudades, está señalando.

* Este texto es un extracto del libro ‘Lawfare urbano. Ofensiva judicial contra la Barcelona de Ada Colau’ (Icaria, 2023), que acaba de ser publicado.

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