Cómo contribuir a la soberanía alimentaria del Sur global a través del comercio justo

La agroindustria ha hecho, de la importación y la exportación alimentaria, un negocio que mueve miles de millones de euros cada año a escala global. El mercado, copado por grandes supermercados y empresas, menosprecia las consecuencias que este modelo productivo tiene para el planeta y para las personas productoras, que muchas veces se encuentran en países del Sur global. Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Estado español importó en 2018 un total de 43,4 millones de toneladas de alimentos, que recorrieron cerca de 7.000 quilómetros y generaron 6.500 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂). Países como Argentina, Bolivia, Brasil, el Paraguay y Uruguay han visto substituidos sus cultivos tradicionales por grandes campos de monocultivos como la soja dedicados exclusivamente a la exportación. ¿Las consecuencias? La pérdida de soberanía alimentaria y la expulsión de millones de campesinas y campesinos de sus tierras.

Colectivos y entidades en Catalunya reivindican desde hace décadas el consumo de productos de proximidad y articular iniciativas que fomenten la soberanía alimentaria en este territorio como respuesta a la dependencia de las importaciones y de las cadenas de suministro de las grandes corporaciones. La entidad Arran de Terra y el mapa Pam a Pam, por ejemplo, han elaborado un directorio de abastecimiento agroecológico donde encontrar pequeños productores próximos. Pero hay productos que, por sus condiciones de cultivo, no se pueden producir en nuestro territorio, como el café, el cacao o el azúcar de caña y se deben importar. ¿Cómo podemos garantizar que lleguen al consumidor final y, al mismo tiempo, cuidemos el planeta y las condiciones de trabajo de las comunidades productoras?

La apuesta por el comercio justo para fomentar un cambio de modelo

El mundo consume, aproximadamente, 500.000 millones de tazas de café cada año. En el Estado español, el 63% de la población mayor de 15 años toma café diariamente. Aunque hay 25 millones de personas en todo el plantea que se dedican a producirlo (todas en países del Sur global), solo 3 multinacionales comercializadoras concentran el 80% de las ventas. El café genera millones de beneficios, pero las pequeñas comunidades agrícolas que lo cultivan son cada vez más pobres y sus tierras, dedicadas a la producción extensiva de este producto, podrían dejar de ser aptas para ello en el 2050 a causa de la crisis climática. Este es solo uno de los ejemplos de cómo funcionan, a gran escala, las cadenas de producción y distribución de productos básicos de las grandes corporaciones. Así lo denuncia esta campaña de LaCoordi, una entidad que trabaja por el comercio justo y por las finanzas éticas en Catalunya.

La compra de productos tiene que tener en cuenta “los costes económicos, ambientales y sociales de la producción de alimentos”, dice Betzabé Hernández

Pero la importación y el consumo de estos productos no tiene por qué pasar exclusivamente por esta red ni hacerse solo bajo criterios de mercado. Betzabé Hernández Miguel es miembro de la Coordinadora Latinoamericana del Comercio Justo (CLAC) y de Unión Majomut, una cooperativa que agrupa cerca de 1.000 familias productoras de café en comunidades indígenas de Méjico. Hernández considera que la compra de productos debe tener en cuenta “todos los costes económicos, ambientales y sociales en la producción de alimentos“. “Tanto el azúcar como el café pueden proceder del Sur global”, pero pueden haberse producido bajo condiciones variadas: “Unas condiciones reguladas y auditadas con una certificación fiable e independiente que garantice que se cumplen los estándares de comercio justo, donde se de prioridad al cuidado ambiental, a la responsabilidad social y a la distribución transparente de los ingresos” o, en cambio, “unas condiciones de explotación hacia las personas que son trabajadoras agrícolas y una gestión inadecuada de recursos naturales como el agua y la tierra”, explica.

Las redes de comercio justo quieren potenciar la primera opción. Eso implica, según Hernández, generar relaciones comerciales “basadas en las personas, que contribuyan a formas de vida sostenibles, en que el mercado sea una herramienta para conseguir una distribución más equitativa de los ingresos” y en que es prioritario “dar apoyo a las y los pequeños productores para que tengan más participación en la toma de decisiones y en la transparencia dentro de las relaciones comerciales que se establezcan”. Apostar por este modelo, pues, repercute en el tipo de cultivo, en la comunidad agrícola que lo produce y en la relación que se establece a la hora de comercializarlo.

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Grandes monocultivos ‘versus’ pequeñas producciones agrícolas

Alrededor de un 80% de la tierra agraria del mundo está dedicada a los monocultivos, según el agrónomo Miguel Altieri, de la Universidad de Berkeley. Esta uniformización de las tierras cultivadas tiene repercusiones claras para la soberanía alimentaria especialmente de los países del Sur global, que pierden la capacidad de decidir la política agraria y alimentaria para sus ciudadanos, como reivindica esta campaña de la CLAC. Esto tiene implicaciones directas en el cambio climático y en las condiciones laborales de la población.

Alrededor de un 80% de la tierra agraria del mundo está dedicada a los monocultivos

Uno de los lugares donde se han hecho más evidentes las consecuencias ambientales de los monocultivos es la costa sur de Guatemala, donde la palma y la banana dominan los cultivos de los campos. Entre las denuncias que recoge este reportaje de la politóloga Patricia Polo en el territorio, se encuentra la deforestación o la contaminación de ríos provocada por fumigaciones que se hacen a gran escala y desde una avioneta para ahorrar costes. Hernández explica que este tipo de producción también genera “dependencia de productos externos como semillas genéticamente modificadas, fertilizantes y pesticidas. Además, no se da prioridad a la protección de las variedades locales, ni se protegen los insectos”.

Además, este modelo también ha comportado la expulsión de grandes comunidades agrícolas de los campos, de su territorio y de su estilo de vida. La apuesta por que el comercio justo fomente la soberanía alimentaria es, para la CLAC, una manera de devolverles el poder. “La soberanía alimentaria es el derecho de los agricultores y las agricultoras a producir sus propios alimentos en armonía con la naturaleza, revalorando los territorios, la defensa del agua, las semillas nativas y el patrimonio cultural de los pueblos rurales, así como que se reconozca, desde el punto de vista económico, el valor real de su esfuerzo”, dice Betzabé Hernández. Por eso, reclama, para las familias agricultoras: “el acceso a la tierra, el agua, las semillas y el crédito para producir alimentos sanos”.

Estructuras que hacen posible el acceso a la tierra

El acceso a la tierra y la posibilidad de controlar los elementos necesarios para cultivarla es un paso clave a la hora de empezar a forjar el primer eslabón del comercio justo. Laura López es hija y nieta de productores de azúcar de caña. Ahora trabaja en Manduvirá, una cooperativa productora de azúcar orgánico del Paraguay. Ella tiene claras las consecuencias que sufren los agricultores y las agricultoras que tiene el poder sobre el cultivo de los campos porque lo ha visto a su alrededor: “Constantemente están expuestos a una subsistencia precaria de vida, con problemas como la falta de acceso a la tierra y el nulo o poco acceso a la educación y la salud”.

El acceso a la tierra es un paso clave a la hora de comenzar a forjar el primer eslabón del comercio justo

Manduvirá, que comercia bajo criterios de comercio justo con diferentes países del Norte global, es una excepción en este panorama. “De las ocho industrias del país dedicadas al procesado de la caña de azúcar, solo Manduvirá es propiedad de pequeños agricultores”, explica la productora. Laura atribuye esta anomalía a una herencia de la dictadura de Alfredo Stroessner que se alargó durante 34 años. Durante este período, explica López, se enriqueció “una población de agroeempresarios amigos del dictador y de gobiernos posteriores” a través de la adjudicación fraudulenta de tierras. La Comisión de la Verdad y la Justicia, que se constituyó en el país en el 2005 para investigar vulneraciones de derechos humanos, acreditó que las tierras substraídas eran “8 millones de hectáreas, un robo que equivale a la superficie de Panamá”, asegura López.

En este sentido, como también pasa en la industria textil, para un comercio justo y ético es importante que los y las trabajadoras “tengan cada vez más poder de decisión sobre sus propias condiciones de trabajo y de producción”, y por eso se fomenta “un modelo de trabajo asociado en forma de cooperativas”, como recoge la cooperativa andaluza Ideas en la guía Conocer el comercio justo: mitos, realidades y preguntas frecuentes. El acceso a la tierra, sin embargo, tiene un importante sesgo de género que, desde el comercio justo, también se quiere abordar.

Cultivar y comerciar también es cosa de mujeres

Según datos de las Naciones Unidas, el 70% de las personas más pobres del mundo son mujeres. Los trabajos y los salarios más precarizados, las dificultades para el acceso a un trabajo estable y los prejuicios limitan su libertad financiera alrededor del mundo, también en el ámbito agrícola y especialmente en los cultivos globalizados como el café, el azúcar o el cacao. Los datos sobre la exclusión financiera de las mujeres hablan por sí solos: solo el 37% de las mujeres del Sur tienen una cuenta corriente formal para recibir un salario, y tienen un 20% menos de probabilidades de obtener un préstamo de una entidad financiera oficial, como recoge en este artículo Anna Bardolet, responsable técnica de LaCoordi. En este sentido, en Catalunya, hace tiempo que entidades de economía social y solidaria y de las finanzas éticas como Oikocredit, Fiare Banca Ètica o Coop 57 desarrollan proyectos impulsados por mujeres alrededor del planeta. CRÍTIC recogió algunas de sus experiencias en este reportaje.

Solo el 37% de las mujeres del Sur tienen una cuenta corriente formal para recibir un salario

Gladys Kyomugisha es responsable de género en la Cooperativa de Productores de Café de Uganda (ACPCU). Ella cree que el acceso a la tierra es un elemento de empoderamiento y de autonomía para las mujeres. El café que produce la cooperativa en la cual participa también se enmarca en el comercio justo, y el proyecto incluye programas para asegurar que las mujeres productoras puedan disfrutar de un trozo de tierra: “Una mujer que tiene seguridad sobre la tierra puede invertir bien sin tener miedo. Es un seguro para la vejez, el divorcio o la viudez; reduce la vulnerabilidad. Es fundamental para el desarrollo de la economía rural”, explica Kyomugisha. Para ella, los proyectos cooperativos de café en Uganda transforman las relaciones de género con “continuas formaciones y sensibilización” sobre el derecho de las mujeres a tener tierras, y también “proveyendo de créditos baratos para que las mujeres de las comunidades puedan comprar su propio trozo de tierra”.

La portavoz de ACPCU destaca un aspecto por encima de todos: “De esta manera, se da poder a las mujeres hasta el punto de compartir la toma de decisiones del hogar con el socio masculino”. Esto, tal como apunta la economista feminista Amaia Pérez Orozco recuperando las tesis de la socióloga Rae Lesser Blumberg tiene diferentes implicaciones beneficiosas no solo para las mismas mujeres, sino para toda la comunidad: “Las mujeres con poder económico ganan en igualdad de género y en riqueza y control sobre sus propias vidas, contribuyen directamente al capital humano de sus hijos (nutrición, salud y educación) y a la riqueza y al bienestar de las naciones”.

No és solo el producto, sino el engranaje

Detrás de la idea de buscar alternativas de comercio justo para los productos que no podemos producir de proximidad hay un horizonte de cambios más amplio que afectan a las relaciones de género, al transporte y la movilidad, y también al modelo económico. Para Gladys Kyomugisha, el comercio justo y los créditos procedentes de las finanzas éticas son la pieza imprescindible hacia la igualdad de género. “El derecho a la tierra de las mujeres es fundamental no solo para la superviviencia de la economía rural, sino también para el desarrollo nacional”, reivindica.

Gladys Kyomugisha: “El derecho a la tierra de las mujeres es fundamental para la economía rural y para el desarrollo nacional”

Para Laura López, el reto comercial en este momento de crisis climática también hace que “se impulsen ideas revolucionarias como la implementación de transportes marítimos más amigables con el medio ambiente. No es nada imposible: ya vemos vehículos que funcionan con electricidad, por ejemplo”. Para Betzabé Hernández, la oportunidad de las redes que crea el comercio justo implica una nueva mirada sobre la economía mundial y “una búsqueda igualitaria de las relaciones económicas, porque hay que dejar de ver el Sur global solo como proveedor de materias primas y verlo como una región innovadora, que se adapta a condiciones de competencia y exigencia altas en cuanto a la calidad de los productos”.

En Catalunya, la apuesta por ampliar las alternativas de comercio justo internacional también tiene diferentes implicaciones. Una es garantizar la transparencia de producción y distribución justa y ética a través de la certificación de sellos como  FairTrade, Símbolo de pequeños productores, el de la World Fair Trade Organization (WFTO), el Fair for Life o el Naturland Fair, entre otros. Otra, hacer crecer la demanda para este tipo de productos utilizando espacios de venta de proximidad como, por ejemplo, los supermercados cooperativos como Foodcoop, La Feixa o Supercoop Manresa, entidades de comercio justo como AlterNativa 3 o Oxfam Intermón o otros espacios en diferentes puntos del territorio. Solo haciendo un abordaje global del modelo alimentario seremos capaces de garantizar que los productos que comemos se han producido en condicions sostenibles para el planeta y para las comunidades productoras. Aquí y en el Sur global.